Queja oficial del Colegio de Abogados por la «redada masiva de Zorrozaurre»

El Colegio de Abogados de Bizkaia ha presentado sendas quejas oficiales ante el juez decano de Bilbao y la Dirección General de la Policía por la redada que el pasado 9 de noviembre se desarrolló en Zorrozaurre contra un grupo de inmigrantes que ocupaba los pabellones abandonados de Cromoduro. La actuación de las fuerzas de seguridad derivó en la detención de 27 personas. Diecisiete de ellas salieron libres de manera casi inmediata, mientras que otras diez fueron internadas en un centro especial en Madrid, a la espera de su expulsión. Posteriormente, otras tres fueron excarceladas, mientras que las siete restantes quedaron pendientes de que se resolviera el trámite que determinará si son obligados o no a abandonar el país.

A juicio del gremio de letrados, tanto la labor de los agentes como del juez que se encargó del caso en la capital vizcaína fue arbitraria e «injustificada». En este sentido, censuran que tres de los arrestados fueron privados de libertad entre uno y siete días «sin que hubiera soporte legal alguno», ya que en los tres casos existían órdenes de expulsión, pero habían sido suspendidas o conmutadas por multas. «Estaba claro que no se podía cumplir la única finalidad que tiene el internamiento, que no es otra que la salida de España».

«Atajar la probreza»

En la queja, a la que ha tenido acceso EL CORREO, el Colegio de Abogados hace hincapié en la «gravedad» de la actuación policial. Califica la redada de «masiva» e «indiscriminada» y sugiere que se basó únicamente «en motivos étnicos». «Este tipo de actuaciones en bloque responde más a una manera de acallar una alarma social que a atajar un posible acto criminal», afirma Patricia Bárcena, profesional que forma parte de la junta directiva del gremio de letrados en Bizkaia. A su juicio, las autoridades deberían poner el acento en combatir «las situaciones de pobreza que rodean estos casos» para solucionar el problema.

Respecto a la actuación del titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, el Colegio le reprocha que, «con extraordinaria rapidez, en sólo tres horas, resolviera sobre un derecho fundamental como es el de la libertad». Con su proceder, sostienen, el magistrado «autorizó y perpetuó la detención ilegal» que se había llevado a cabo en Zorrozaurre. El gremio de letrados pone los hechos en conocimiento del juez decano, Alfonso González Guija, quien podría ahora apercibir a su compañero o abrir una investigación.