Jueces vascos reclaman cambiar la Ley Hipotecaria ante el «descontrol» bancario

La presidenta de la Sala de lo Social, Garbiñe Biurrun, tilda la normativa sobre desahucios de «insoportable» y critica los intereses abusivos

JAVIER MUÑOZBILBAO.
Jueces vascos reclaman cambiar la Ley Hipotecaria ante el «descontrol» bancario

Los jueces vascos lanzaron ayer otra andanada contra la escalada de desahucios provocada por la crisis y contra la legislación que los regula. Esta vez le tocó el turno a la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior del País Vasco, Garbiñe Biurrun, quien denunció que las estadísticas que ofrece el Poder Judicial sobre los desalojos por impago de hipotecas -la última, del tercer trimestre de 2012- ponen de relieve la necesidad de una reforma procesal y de cambios en Ley Hipotecaria, a fin de atajar el «descontrol» de las entidades financieras. «La banca y quienes han gobernado deberían estar flagelándose por lo que han hecho y han permitido», proclamó Biurrun, quien deploró también el escándalo de las acciones preferentes; y elogió igualmente los autos de un juzgado de Amurrio que anulan los intereses de demora aplicados por varias entidades bancarias, al considerarlos abusivos y contrarios al Derecho de la UE.

No es la primera vez que la magistrada, al igual que todos los estamentos de la judicatura, reclama una normativa que equilibre la relación desigual entre las entidades financieras y sus clientes. Con el suicidio de la exconcejala socialista Amaia Egaña -que se arrojó por la ventana el pasado 9 de noviembre cuando una comisión judicial se disponía desalojarla de su piso en Barakaldo-, el clamor social contra los desahucios arreció en toda España, y el Gobierno de Rajoy tuvo que aprobar un decreto que paraliza durante dos años los desalojos de familias en apuros. El Tribunal Superior del País Vasco tomó la iniciativa y al poco tiempo elaboró un protocolo para proporcionar asistencia letrada a los amenazados de desahucio en la comunidad autónoma. No obstante, a Garbiñe Biurrun tales medidas no le parecen «sustanciales» y, ante la falta de iniciativas legislativas por parte del Gobierno central, reiteró ayer en Radio Euskadi sus ataques contra la Ley Hipotecaria, tachándola de «insoportable desde el punto de vista de los derechos constitucionales».

La presidenta de la Sala de lo Social sumó así su voz a las del presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra; el juez decano de Bilbao, Alfonso González Guija, y el fiscal superior del País Vasco, Daniel Calparsoro, quienes, entre otros, han exigido medidas para poner fin al drama de los desalojos. Biurrun, por su parte, volvió a defender la dación en pago -saldar la hipoteca con la entrega del inmueble- y consideró «un absurdo que alguien entregue el bien hipotecado con el que estaba garantizando su deuda, y eso no sirva para saldarla».

«Hay que cambiar algo»

Precisamente, el Ministerio de Justicia se plantea introducir un cambio en los procesos de desahucio para que el valor histórico del inmueble hipotecado sea reemplazado por el de mercado, hoy mucho más bajo, lo que impediría que una persona desalojada no continúe debiendo dinero al banco. También estudia endurecer el acceso de las familias al crédito y prevenir la insolvencia, medida esta de elemental profesionalidad bancaria que se aplica en Francia con una ley y que fue propuesta por el Gobierno vasco en plena 'burbuja inmobiliaria', siendo acogida con una catarata de reproches de instituciones, bancos y promotores.

«Hay que cambiar algo», apremió Garbiñe Biurrun, para quien no sirve de excusa que la situación actual esté «bendecida por las prácticas bancarias y por las leyes»; ni que «yo, como jueza, no pueda decir que no la voy a cumplir». En su opinión, la Administración de Justicia debe hacer «un poco más», si bien se felicitó por el «aldabonazo» dado por los jueces al advertir sobre los efectos perversos de la Ley Hipotecaria en plena crisis y con el desempleo en alza; dos lacras que están «colapsando» de expedientes los juzgados de lo Social del País Vasco.

Ante ese incremento de la carga de trabajo, la magistrada exigió al Gobierno del PP que rectifique las reformas «regresivas» que está realizando en la judicatura, hoy en pie de guerra por la supresión de los jueces sustitutos y la reducción de permisos, así como por la reforma del Poder Judicial. Como ya adelantó este periódico, Biurrun confirmó que el Tribunal Superior vasco no cobrará las nuevas tasas judiciales a los trabajadores en sus pleitos con las empresas. «No me gustaría que los jueces tuviéramos que vernos más en la calle, ni protestando por nada -declaró la presidenta de la Sala de lo Social-, y lo que ahora es exigible a quienes tienen las responsabilidad política es que empiecen a dar pasos atrás, una involución en estas medidas conservadoras, negativas y nefastas para los derechos».