Los enfermos tendrán que pagar cinco euros por los trayectos no urgentes en ambulancia

El borrador del Gobierno establece que abonarán un tope mensual por el servicio en función de la renta

J. LUIS ALVAREZMADRID.
Una ilustración de una ambulancia./ Fotolia/
Una ilustración de una ambulancia./ Fotolia

El transporte gratuito en ambulancia cuando no exista una urgencia tiene fecha de caducidad. El Gobierno ultima el texto de la orden que presentará el próximo jueves en el Consejo Interterritorial de Salud, en la que establece un pago mínimo de cinco euros por viaje, desembolso del que solo se libran, en principio, los afectados por el síndrome tóxico ('caso de la colza'), los discapacitados con prestaciones sociales especiales, los enfermos con ingresos muy limitados y los traslados entre hospitales. La medida se debe a que Ministerio de Sanidad incluyó el pasado mes de abril este transporte en la cartera de servicios suplementarios, por lo que queda afectado por el llamado 'copago'. En principio, se cobrará en todos los traslados por altas hospitalarias, en el caso de enfermos crónicos que requieran asistir a tratamientos periódicos, oncología, hemodiálisis o rehabilitación.

El traslado en ambulancia no urgente requerirá, como ocurre ahora en la mayoría de las comunidades autónomas, de la autorización por el médico, de lo contrario el servicio puede cobrarse al enfermo y éste, para distancias de unos cinco kilómetros, es mucho más costoso que un desplazamiento en taxi. El precio fijado por viaje es de 50 euros, de los que el paciente pagará el 10%, lo que supone 5 euros por cada trayecto.

Además, la normativa establece un tope a pagar en función de la renta. Así, las personas que perciban más de 100.000 euros anuales tendrán que desembolsar un máximo mensual de 60 euros; los que ganen de 18.000 a 100.000 abonarán 20 y los de menos de 18.000, así como los funcionarios, 10 euros. Si el número de traslados mensuales superan esas cantidades, el enfermo no tendrá que pagarlas. En el caso que el paciente tenga que recibir un tratamiento de más de tres meses, en el que requiera visitar el hospital al menos cuatro veces por semana, se aplicará los baremos de renta pero, en lugar de ser un pago mensual, este será semestral.

Tendrán que pagar los traslados no urgentes todas las víctimas de accidentes de tráfico y laborales, como ya se practica en algunas comunidades. En este caso, el coste real del viaje corre a cargo de las compañías aseguradoras o las mutuas del trabajo.

Última palabra

La ministra de Sanidad, Ana Mato, quiso minimizar la medida, recordó que era un «borrador» y explicó que fueron los técnicos de las comunidades autónomas «los que han hecho la propuesta». Preguntada por este sistema copago, Mato indicó que será el Consejo Interterritorial el que tenga la última palabra. «Lo importante es que el transporte sanitario urgente no tendrá ninguna aportación, las personas que tienen las rentas más bajas tampoco tendrán que aportar nada y el resto lo hará en función de la renta», añadió.

Desde el PSOE se reclamó la retirada inmediata del borrador. La exministra y secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, calificó la medida de «agresión a los enfermos y a la sanidad pública». Según dijo, el transporte en ambulancia no urgente «es vital, sobre todo para los enfermos crónicos», de manera que consideró «profundamente injusta» la medida, que representa «un nuevo desembolso y una barrera real para los más vulnerables».