Gallardón dará el Registro Civil a los registradores, que cobrarán aranceles

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha abierto un nuevo frente que ha suscitado el recelo, cuando no el rechazo directo, de numerosos colectivos. Se trata de la nueva regulación que se está elaborando para la gestión del Registro Civil, encargado, entre otros trámites, de inscribir nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios. Desde el siglo XIX se encuentra adscrito a la Administración de Justicia, pero los planes del ministro son que pase a manos de los mil registradores de la propiedad que hay en España.

Así se contempla en el borrador del anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, que está siendo sometido a consultas de parte de varios colectivos y, por lo tanto, está sujeto a cambios. Sin embargo, la regulación ya ha suscitado importantes recelos. Entre ellos, los de la asociación Jueces para la Democracia, que denuncian la «privatización» un servicio que hasta ahora es gratuito. «Con esta reforma los ciudadanos van a tener que pagar aranceles por obtener un certificado de nacimiento, defunción o sobre otros actos de estado civil a los registradores de la propiedad y mercantiles».

El temor de los jueces llega porque el propio borrador de la nueva norma recoge que los profesionales «sufragarán íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la aplicación de los correspondientes aranceles». De modo que las arcas públicas se ahorrarán el coste del servicio, pero a cambio la ciudadanía dejará de tener acceso gratuito a él.

Desde el ministerio se replica que la gestión del Registro «seguirá siendo pública» y que los trámites «obligatorios», básicamente la inscripción de nacimientos y defunciones, mantendrán su gratuidad. Unas gestiones estas que suponen el 60% de todas las realizadas en estas instancias, mientras que otro 20% se corresponde a trámites de nacionalidad. Así que habrá que ver qué tarifas se aplican por otros trámites como, por ejemplo, la inscripción de matrimonios, divorcios, o cambios de apellidos. Y también para obtener certificados (no inscripciones) de nacimiento, defunción o cualquier otro sobre el estado civil, gestiones que en la actualidad son gratuitas.

El portavoz de Justicia de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ve en la reforma ciertos tintes de interés personal ya que, siendo Mariano Rajoy registrador, la nueva normativa aumenta los «privilegios» de este colectivo profesional. Y también el hermano del presidente del Gobierno, Enrique, desempeña esta actividad.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha rechazado la ley que prepara Ruiz-Gallardón ya que interpreta que se está privatizando un servicio público. Además, preocupa que se deje en manos de los propios registradores, un colectivo que ha cometido «múltiples abusos» a la hora de elaborar sus minutas. «En muchas ocasiones cobran más de lo debido», asegura la OCU tras haber realizado un estudio sobre el asunto.

Nace 'Justicia para Todos'

La reforma del Registro Civil es el último de los frentes abiertos por Ruiz-Gallardón, pero hay más. Y para oponerse a las políticas impulsadas por el ministro acaba de nacer la Plataforma Justicia para Todos, integrada por el Consejo General de la Abogacía, el Consejo de Consumidores y Usuarios, UGT, CC OO, USO y CSI-F. El nuevo colectivo tiene como finalidad aunar fuerzas para luchar contra la Ley de Tasas Judiciales y el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita porque, a su juicio, impiden el acceso a la justicia a amplios colectivos sociales. De hecho, ambas normas se han encontrado con la frontal oposición de la práctica totalidad de la judicatura y el mundo del Derecho.

Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, aseguró ayer durante la presentación de la nueva plataforma que las leyes contra la que luchan «atentan contra la Constitución» y «vulneran derechos fundamentales» de la ciudadanía. En concreto, dificultan el acceso a un servicio público como es la justicia, que se quedará «gravemente limitado» si salen adelante las reformas de Ruiz-Gallardón.