La Generalitat pactó con el Gobierno el indulto a los mossos «torturadores»

De cuatro años y seis meses de prisión a dos años, y de ahí a 7.200 euros de multa

MATEO BALÍNMADRID.

De cuatro años y seis meses de prisión a dos años, y de ahí a 7.200 euros de multa. Todo ello en solo nueve meses. Así se escribió la historia del doble indulto parcial concedido por el Gobierno a los cuatro mossos d'esquadra condenados por detener ilegalmente y torturar a un hombre al que confundieron con un atracador en Barcelona en 2006. Un polémico perdón que provocó esta semana una inusual contestación de la carrera judicial.

La intrahistoria arranca en noviembre de 2009. La sala de lo penal del Tribunal Supremo rechazó gran parte de los recursos de los cuatro mossos contra la condena a seis años de prisión que les impuso la Audiencia de Barcelona en 2008. Tras estimar únicamente el agravamiento por ensañamiento con el ciudadano rumano Lucian Padoraru, el alto tribunal les condenó a cuatro años y seis meses de cárcel e inhabilitación profesional. Curiosamente, un mes antes, en septiembre de 2009, la sala también condenó a dos mossos a seis meses de prisión y dos años de inhabilitación por otro delito de lesiones.

Entonces, gobernaba en la Generalitat el denominado tripartito y la consejera de Justicia, Montserrat Tura, del PSC, y, en menor medida, su compañero de Interior Joan Saura (ICV), ya mostraron su disposición a pedir el perdón para los agentes tras la ola de apoyos que se gestó en la propia institución. El argumento extraoficial fue que la condena a prisión «no había sido lo bastante ponderada». Esta tesis la abrazó con fuerza el gobierno de CiU tras volver al poder en 2010 y, en particular, su consejero de Interior y máximo responsable político de los Mossos d'Esquadra, Felip Puig.

Los informes preceptivos del indulto ya esperaban en la mesa del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando llegó al departamento hace once meses. Se valoró que los condenados no tuvieran antecedentes, la actitud de «profesionalidad y trabajo» ante la persecución del delito de sus expedientes y que hubieran satisfecho la responsabilidad civil de la condena.