Interior quiere prohibir que los ciudadanos graben a policías en la calle

El Gobierno quiere embarcarse en otra reforma legislativa más que polémica. El Ministerio del Interior va incluir en la inminente reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana la prohibición de «captación, reproducción o tratamiento de imágenes, sonidos o datos de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones cuando puedan poner en peligro su vida o en riesgo la operación que están desarrollando». En principio -explicaron fuentes del Ejecutivo- la prohibición iría dirigida a los particulares, y no a los medios de comunicación, si bien el texto aún debe pulirse, ya que hay muchos medios alternativos en Internet cuya categorización no está aún clara.

La idea inicial del Ejecutivo era promover la reforma de esta legislación únicamente para incluir sanciones para los ciudadanos que se manifiesten con el rostro cubierto. Sin embargo, los altercados del pasado 25 de septiembre durante la protesta 'Rodea el Congreso', que terminó con decenas de heridos y detenidos, han hecho replantearse a Interior su intención inicial e introducir también sanciones para quienes graben a los policías. Unos castigos -explicaron fuentes del Gobierno- que en cualquier caso serán siempre económicos (multas) y no de cárcel.

Durante los disturbios del 25-S, no solo los medios de comunicación y la propia Policía grabaron los sucesos. Decenas de ciudadanos, a través de sus teléfonos móviles y otros dispositivos, registraron los altercados, que en cuestión de minutos estaban ya en las redes sociales. Entre las imágenes que arrasaron en Internet estaba la de la polémica intervención de los antidisturbios en los andenes de la estación de Atocha.

Interior, que asegura que la reforma nada tiene que ver con la actuación de Atocha y sí con la difusión masiva en la red de los rostros plenamente identificables de decenas de agentes, arguye que el propósito es exclusivamente garantizar la intimidad de los policías, ya sea en su ámbito familiar o laboral. Se trata de «buscar un equilibrio en la protección de los derechos de los ciudadanos y de los de las fuerzas de seguridad», explicó el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que fue quien ayer, por sorpresa y ante un foro sindical de funcionarios y policías, anunció la nueva modificación de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, de 1992.

«Cultura de la violencia»

Cosidó enmarcó la reforma en un contexto definido por el «incremento de la violencia contra la Policía» y por «una cultura de la violencia que mina las bases de una sociedad democrática». Según el director general, que recordó que solo durante el aniversario del 15-M más de 70 agentes resultaron heridos, la modificación de la ley es un «paso al frente» para dotar de más seguridad al trabajo policial «desde la legalidad y el estricto cumplimiento del Estado de Derecho». «Solo desde el reconocimiento de la inmensa labor de las fuerzas de seguridad es como podremos progresar en el logro de una sociedad más justa, segura y pacífica», apostilló.

El Ministerio del Interior, pese al anuncio, sabe que esta reforma tiene «aristas» que deberán ser pulidas para evitar que el anteproyecto se lleve un varapalo del Poder Judicial o del Consejo de Estado. El principal escollo es que la propia Constitución, en su artículo 20.1, establece el derecho a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción».

Los juristas del Gobierno, que quieren recoger algunas de las limitaciones que incluye la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, recuerdan que la actual norma de seguridad ciudadana, en su artículo 19.1, ya faculta a los agentes a «ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales», como en este caso sería un teléfono móvil y las imágenes captadas si el funcionario sospecha que van a ser usadas con un fin ilícito.

El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el Cuerpo, tachó de «voluntarista» el anuncio de Cosidó, dada la «imposibilidad» de prohibir la captación de imágenes en una «sociedad tecnológica» como la actual. El SUP vaticinó «problemas legales» para los policías que abran expedientes por grabar a funcionarios a la hora de probar ante los tribunales que esas imágenes ponían en riesgo a los agentes.