Nuclenor deja expirar el plazo para renegociar la continuidad de Garoña

Esta noche se agotarán las opciones legales para prorrogar la vida de la central a partir de 2013, salvo que el Gobierno diga lo contrario

F. APEZTEGUIA ,BILBAO
Dos empleados se dirigen a la central nuclear de Garoña. / A. Gómez/
Dos empleados se dirigen a la central nuclear de Garoña. / A. Gómez

¿Quién cierra la puerta de Garoña? Esa parece ser la pregunta que queda por resolver tras el comunicado difundido por Nuclenor a última hora de la tarde de ayer. La empresa gestora de la central nuclear más antigua de España en activo anuncia en él su decisión de dejar pasar el último tren que aparentemente le quedaba para renegociar la supervivencia de la planta para seis años más, hasta 2019, como entraba en los planes del Gobierno. Legalmente, esta noche a las 24.00 horas la suerte estará echada.

Llegado ese momento, no habrá más margen para la continuidad del proyecto. Si no hay una petición formal de prórroga por parte de la empresa, las instalaciones tendrán que comenzar a desmantelarse en julio del próximo año. Nuclenor, sin embargo, parece confiar en que el Ministerio de Industria finalmente ceda y conceda a la compañía el margen de negocio que parece estar en el centro de la disputa. La empresa, dice el comunicado difundido ayer, «ha decidido no interponer el mencionado recurso de reposición, sin perjuicio, como se ha señalado de forma reiterada, de seguir apostando por la continuidad de Santa María de Garoña».

Todo indica que la central atómica del valle burgalés de Tobalina está agonizando. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió a alargar la vida útil de la central siendo aún líder de la oposición y se ocupó de que una de las primeras decisiones de su Ministerio de Industria fuera, precisamente, la prórroga de Garoña. La crisis económica y el accidente nuclear de Fukushima llevaron al Ejecutivo a marcar nuevas condiciones financieras y exigencias de seguridad para la tramitación del expediente. Industria necesitaba una respuesta para el 5 de septiembre.

Inversión en seguridad

A Nuclenor no le salieron las cuentas y dejó pasar primero aquella primera fecha y después la de hoy, que fijaba el límite para recurrir su decisión. La prórroga obligaría a Iberdrola y Endesa, propietarias de la planta a partes iguales, a afrontar una inversión en seguridad de 120 millones, cantidad a la que se suman las nuevas tasas e impuestos que se desprenden de la reforma energética. En total, diez euros por kilowatio y hora y un 4% sobre el total de la energía producida.

De haberlo aprovechado, Nuclenor tendría ahora hasta el 5 de noviembre para presentar un plan de viabilidad. Para colmo, la UE filtró ayer un avance de su informe sobre el estado de las centrales nucleares de Europa, que señala a Garoña como una planta que no cumple las medidas de seguridad necesarias para evitar explosiones de gases.

Ya sólo cabe una posibilidad para la continuidad de la planta: que el Ejecutivo dé su brazo a torcer y ceda donde hasta ahora se ha mantenido firme. «Las fechas, como se ponen se cambian», confiaron ayer a EL CORREO fuentes de Nuclenor. Habrá que ver qué dice el Gobierno.