Las tragaperras de Bizkaia se comen 21 millones en impuestos

Hasta 21 millones de euros han defraudado en los últimos cinco años las empresas de máquinas recreativas que operan en Bizkaia, según hizo público ayer la Hacienda foral. Como ya alertó hace año y medio la institución, el sector se había convertido en un nicho de evasión fiscal. Tras una investigación que se ha desarrollado en colaboración con el Gobierno vasco y la Ertzaintza a lo largo del último año y medio, la Diputación ha conseguido que afloren 21 millones en impuestos impagados. Esta operación de regularización fiscal, que afecta a 85 empresas y 42 personas físicas, habría conseguido dejar a «la mayoría» del sector al día en sus obligaciones tributarias.

La investigación se remonta a los últimos meses de 2010, cuando funcionarios de la Inspección de Hacienda se pusieron en contacto con la dirección de Juegos y Espectáculos del Gobierno vasco a fin de recabar información sobre las empresas que gestionan máquinas tragaperras en Bizkaia. La colaboración mantenida desde entonces entre ambas instituciones ha hecho posible una de las mayores operaciones de lucha contra el fraude llevadas a cabo en el territorio en los últimos años.

En concreto, la Diputación solicitó copia de todas las actas remitidas por la Ertzaintza desde 2005 a 2010 relativas a inspecciones en bares y locales de juego que cuentan con este tipo de dispositivos. Según explicaron a este periódico fuentes del Ejecutivo autonómico, cada año se realizan alrededor de 750 inspecciones en máquinas recreativas. Ese control, que las mismas fuentes califican de «constante y meticuloso», habría facilitado al departamento de Hacienda la base sobre la que iniciar las inspecciones fiscales.

La información generada por la Policía autonómica se introdujo en la base de datos de la Hacienda vizcaína, que generó una relación de posibles defraudadores. Según los datos facilitados por la Diputación, hasta 85 empresas y 42 personas físicas habían evitado incluir ingresos procedentes de las tragaperras en sus declaraciones fiscales. El fraude detectado corresponde exclusivamente al impuesto de sociedades en el caso de las empresas y del IRPF en el de las personas físicas, dado que la actividad recreativa está exenta del pago del IVA.

A partir de ahí, los funcionarios de Hacienda mantuvieron una serie de reuniones con representantes del sector con el fin de regularizar la situación fiscal de dichos operadores. El proceso se ha prolongado durante algo más de un año y ha tenido como resultado el descubrimiento de una bolsa de fraude que asciende a 21 millones de euros. Una vez realizadas las correspondientes actuaciones de investigación, la inspección se puso en contacto con cada una de las empresas defraudadoras para que saldaran la deuda descubierta.

«Lo que teníamos que hacer»

Según aseguran fuentes del fisco vizcaíno, el proceso de regularización ha terminado y la totalidad de las empresas investigadas están actualmente «al día de sus obligaciones tributarias», por lo que el dinero defraudado ya ha sido ingresado en las arcas forales. «Hemos hecho lo que teníamos que hacer», afirman desde la Diputación, al tiempo que niegan cualquier posibilidad de amnistía fiscal con el sector.

Desde la Asociación de Empresas de Recreativo de Bizkaia (Aservi) no se ha obtenido por el momento valoración alguna sobre una operación que afecta a 85 del centenar de empresas que operan en el territorio. Su presidente, Juan Jose Diego, eludió pronunciarse ayer, sin embargo el pasado mes de junio, en declaraciones a este periódico, calificaba de «exigentes» las condiciones fiscales de una actividad que se encuentra en franco retroceso.

Esta operación se enmarca en un proceso de lucha contra el fraude fiscal en el que la Diputación ha buscado la colaboración de otras instituciones como el Consejo General del Notariado, la Spri, las Haciendas de Araba y Gipuzkoa, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el Ministerio de Interior, Instituto Nacional de Estadística o la Tesorería General de la Seguridad Social, entre un largo etcétera. Fruto de esta colaboración solo en 2011 se intercambiaron más de 49 millones de datos de contribuyentes vizcaínos con otras administraciones tributarias y se ha detectado una bolsa de fraude que asciende a 560 millones de euros.