¿Hay 2,5 millones de morosos en España?

Protección de Datos alerta del aumento de ciudadanos incluidos en las listas negras ilegalmenteLas empresas financieras y de telecomunicaciones son las que más denuncias y multas acumulan

LUIS LÓPEZ LLOPEZ@ELCORREO.COMBILBAO.
Pilar Domingo fue catalogada de morosa por no devolver un descodificador. ::                         ANTONIO SALAS/
Pilar Domingo fue catalogada de morosa por no devolver un descodificador. :: ANTONIO SALAS

Imagínese que va a comprar una casa, o un coche, o cualquier artículo para el que necesite un crédito. Tras buscar, comparar y negociar, firma el contrato. Misión cumplida. Solo queda pedir el préstamo, para lo que no debería haber ningún problema. Pero cuando llega a la entidad financiera de turno, todo se viene abajo. Al otro lado de la mesa le informan de que no le dejan el dinero porque no es una persona de fiar: su nombre figura en un fichero de solvencia, más conocido como lista de morosos.

A finales del año pasado casi dos millones y medio de personas -excluidas las empresas- engrosaban estas 'listas negras' en España, según Pere Brachfield, profesor de la EAE Business School y vicepresidente de la Asociación Española Profesional de Gestores de Cobro. «A estas alturas ya pueden llegar a los 2,7 millones», aventura, porque quienes entran, «200.000 personas al mes», son más de las que salen. Sobre todo, en tiempo de crisis.

El problema es que muchos de quienes sufren este estigma cargan con él de manera injusta. El director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), José Luis Rodríguez, alertó la pasada semana de que se está disparando el número de ciudadanos incluidos de forma indebida en los temidos archivos de morosos, sobre todo en los sectores de las telecomunicaciones y en la banca, que concentran la mayoría de las denuncias.

¿Cómo es esto posible? «La casuística es muy variada», explican responsables de la AEPD. Hay personas que han contraído deudas sin saberlo porque alguien ha suplantado su identidad para dar de alta ciertos servicios; otros casos «frecuentes» son aquellos en los que el nombre de un consumidor es enviado a archivos de solvencia «sin que se le haya requerido previamente el pago de la deuda», requisito previo e imprescindible. «También se dan otras situaciones como las de consumidores a los que les habían seguido facturando servicios pese a haber solicitado y acreditado la baja de los mismos», añaden en la Agencia. Otra irregularidad habitual es aquella en la que, aún habiendo existido realmente un impago, los datos del moroso siguen figurando en la 'lista negra' «a pesar de haber saldado ya la deuda contraída».

Todo esto le pasa a personas con nombre y apellidos. Como Pilar Domingo, una malagueña a quien le salió muy caro darse de baja en un canal de televisión de pago. Tras llamar varias veces a la empresa para devolver el descodificador, lo llevó a reciclar y al año siguiente la llamaron para reclamárselo. Eso, después de haberle cobrado tres mensualidades tras haberse dado de baja en el servicio. Se negó a pagar el aparato y entonces una empresa de recobro empezó a acosarla. «Me llamaban a todas horas y siempre con coacciones», explica. Al cabo de un tiempo, recibió una carta comunicándole que estaba en el archivo de morosos Asnef-Equifax.

«Una bolsa oculta»

A Pilar no le queda otro remedio que pleitear. Y puede llegar a tener suerte. Un vecino de Zaragoza logró que Orange le indemnizara con 6.000 euros porque le había metido en una lista de morosos de manera irregular, tras pedirle 60 euros por liquidar dos líneas de teléfono que había dado de baja dos años antes. Y un madrileño consiguió una indemnización de 800 porque la inclusión ilegal en los archivos de solvencia por parte de otra operadora le había impedido contratar una hipoteca. Las grandes empresas se exponen a sustanciosas multas en caso de cometer estos atropellos: la AEPD impuso a Movistar una de 400.000 euros por reclamar una deuda inexistente a un abonado.

Se trata de una de las sanciones más fuertes que ha fijado. Pueden oscilar entre los 900 y los 600.000 euros, según la Ley Orgánica de Protección de Datos, en función de si la infracción es leve, grave y muy grave. A la hora de valorar ese factor se tienen en cuenta varios aspectos como la reincidencia y el volumen de los perjuicios causados.

¿Cuántas personas de esos 2,5 millones están irregularmente inscritas en las 'listas negras'? No hay datos. «Es imposible saberlo», apunta Iñaki Velasco, abogado de la Organización Vasca de Consumidores (EKA-OCUV). «Hay muchísima gente que no sabe que está en el registro» pese a que debe comunicarse al interesado en un plazo máximo de treinta días desde su inclusión. Así que «hay una bolsa oculta muy importante de personas que no se enteran hasta que van a pedir un crédito y que, de otro modo, nunca llegarían a saberlo».

Procesos eternos

También es cierto que ante el temor a un proceso caro y la insistencia de las empresas de recobro, muchos ciudadanos se pliegan y optan por pagar esos 30, 40 ó 60 euros que les piden a sabiendas de que se trata de una situación injusta. Y también hay que recordar que los procedimientos pueden llegar a ser desesperantemente largos. Por ejemplo, en EKA-OCUV recuerdan que «hemos estado hasta el año pasado con gente que seguía en los registros de solvencia por el caso Opening». Esa academia de idiomas cerró en 2002 y desde entonces multitud de sentencias reconocen que la deuda contraída no es exigible porque no recibieron el servicio contratado.

La única aproximación a esta realidad desde un punto de vista cuantitativo son los datos de la AEPD. Ni mucho menos dan idea de la dimensión del problema, pero sí revelan la evolución al alza de la que hablaba su director: en 2010 recibieron 900 denuncias en el ámbito de la morosidad, «principalmente relacionadas con la inclusión en ficheros de solvencia», mientras que en 2009 habían sido 700. En la gran mayoría de los casos, las empresas infractoras eran de telecomunicaciones y financieras. De hecho, estos dos sectores son los que acumulan más sanciones de la AEPD por todos los conceptos: las primeras, 9,2 millones de euros en 2010 (el 52,5% del total) y las segundas 3,8 millones (el 21,5%).

No hay nada que los ciudadanos puedan hacer para asegurarse de que no serán víctimas de una de estas situaciones, pero sí pueden tomar medidas para dificultar que les ocurra. «Lo mejor es, cuando no se está de acuerdo con un pago, presentar la reclamación correspondiente», explica el abogado Iñaki Velasco. De ese modo, queda constancia de que hay desacuerdo y mientras no se resuelva el conflicto «no pueden ceder los datos personales al registro de morosos». En caso de que ya sea demasiado tarde y uno se encuentre en la 'lista negra', lo que le queda contactar con la empresa y el registro, y tratar de demostrar que tal deuda no existe.