Industria justifica la prórroga de Garoña por la crisis económica

La central nuclear extenderá su vida útil hasta 2019, aunque para ello se le exigirán medidas especiales de seguridad

EL CORREOBILBAO.

El Ministerio de Industria ya ha iniciado el procedimiento de revocación parcial de la orden de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Pretende alargar -como mínimo- su vida útil hasta 2019 y lo justifica en los siguientes términos: «En las circunstancias económicas actuales y teniendo en cuenta que España es uno de los estados miembros de la Unión Europea con una mayor dependencia energética, no se debe infrautilizar ninguna de las fuentes».

Son palabras textuales del borrador de la orden ministerial que lleva la contraria al Gobierno socialista, que había establecido su clausura para el año que viene. Mientras las centrales cumplan con todos los requisitos en materia de seguridad impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), «seguirán contribuyendo al suministro energético español, a la optimización de los costes y a la reducción de la emisión de gases de efectos invernadero». Esta decisión sintoniza con el contenido de un informe preceptivo del CSN -emitido en 2009- que se mostraba favorable a la prórroga de la planta por un periodo de diez años más. Entonces el Ejecutivo de Zapatero aceptó mantener abierta Garoña hasta 2013, es decir, se limitó a un alargamiento de cuatro años. Ahora, el Ministerio de Industria apuesta por llegar hasta 2019.

«No hay impedimento»

El pasado mes de febrero, el organismo regulador de las centrales recordó que no había «impedimento alguno» en revocar la orden de cierre de Garoña, siempre y cuando se modificaran una serie de límites y condiciones, como cambiar el cableado y el sistema de ventilación de gases, además de otras medidas especiales a raíz de la tragedia de Fukushima.

La empresa Nuclenor, titular de Garoña, celebró ayer la revocación parcial del cierre pero se declaraba «a la espera de la orden definitiva». Una vez que vean las nuevas condiciones, adoptarán «una postura concreta» que, en cualquier caso, no será contraria a la prórroga. El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, también consideró la revocación una «excelente noticia» porque mantendrá 1.000 empleos. Greenpeace, por el contrario, anunció alegaciones y aseguró que «su desmantelamiento generaría muchos más puestos de trabajo que mantenerla en servicio».