El puerto deportivo de Laredo continúa cerrado al año de su inauguración

El Gobierno cántabro declaró ilegal la cuenta de compensación de 28 millones para subsanar las deudas, lo que abrió las hostilidades con la empresa adjudicataria

ERLANTZ GUDELAREDO.
Aspecto desangelado de los pantalanes, con Laredo al fondo. ::                         R. RUIZ/
Aspecto desangelado de los pantalanes, con Laredo al fondo. :: R. RUIZ

El 26 de marzo de 2011, cuatro mil personas acudieron al puerto de Laredo para presenciar la ansiada remodelación de las instalaciones, que racionalizaba el espacio para dar cabida a embarcaciones de recreo. Fue el colofón a casi cinco años de obras salpicadas de continuos retrasos y cuya finalización estaba inicialmente prevista para septiembre de 2008. La iniciativa estaba incluida en el ambicioso Plan de Puertos, vigente hasta 2013, que tenía por objeto cubrir la demanda de amarres deportivos y con el que se pretendían generar medio millar de puestos de trabajo directos sólo en Laredo.

La puesta de largo del equipamiento contó con la presencia de las más altas instancias de la comunidad vecina. El entonces presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, el titular de Obras Públicas, José María Mazón, y el alcalde, Santos Fernández Revolvo, todos ellos militantes regionalistas, adornaron la jornada con una batería de discursos en los que parecían competir con afirmaciones imperecederas.

Mazón señaló que las instalaciones se convertirían en el principal puerto deportivo del Cantábrico y una obra «de referencia». El alcalde, por su parte, alardeó de lo que consideraba un símbolo de siglos venideros. Pero la aparición más memorable corrió a cargo de Revilla, quien llegó a decir que la culminación de la dársena «justifica por sí sola una vida entera al servicio de Cantabria».

Especialmente vinculado al proyecto, cuyo primer boceto se publicó en 2001 cuando ostentaba la cartera de Obras Públicas, Revilla confesó haber pasado aquella semana «sin parar de llorar». Definió el instante como una «inyección en vena» para continuar en primera línea de la política regional, y, como culminación a su euforia, lanzó una perla mayúscula: «Estoy más feliz que si Berlusconi me invitara a dar una vuelta con esas amigas por el mar».

Imagen desoladora

Un año después, la estampa del considerado revulsivo económico de Laredo es desoladora. La dársena deportiva, principal actuación de una obra global tasada en 77,2 millones de euros, muestra sus 1.043 atraques vacíos. Las cosas tampoco pintan muy bien para la futura zona comercial anexa, con una superficie de 12.000 metros cuadrados, que ha atraído al municipio a varias delegaciones extranjeras para estudiar un posible emplazamiento. Su éxito está estrechamente ligado a la activación de este dominio portuario.

Hay que remontarse al día de la inauguración para explicarse semejante descalabro. En la jornada de presentación, los dirigentes políticos trataron de maquillar la significativa ausencia de los directivos de la sociedad temporal adjudicataria de las obras, constituida en 'Marina de Laredo' para su explotación durante un periodo de 40 años. Protestaban porque la inauguración se celebró sin que el Gobierno regional hubiese recepcionado la obra, hecho que no se consumó hasta junio.

Reformular el contrato

El cambio de signo deparado por los comicios autonómicos no hizo sino recrudecer las diferencias. El nuevo consejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso, denunció la existencia de una cuenta de compensación ilegal de 28 millones a abonar en catorce años, auspiciada por su predecesor en plena campaña electoral y destinada a subsanar las deudas contraídas por la adjudicataria con las empresas que contrató para ejecutar la obra.

El consejero argumentó que el pliego de condiciones de la adjudicación no contemplaba este aval. Por ello, el Gobierno decidió en diciembre iniciar el procedimiento para declarar lesivo el acuerdo. El objetivo, reformular el contrato con especial atención a la supresión de la medida adicional que validaba la cuenta de compensación.

Rodríguez Argüeso instó hace meses a la concesionaria a iniciar la explotación del puerto, no sin antes reconocer las dificultades originadas por el clima actual de crispación. Entretanto, el Ejecutivo regional sigue haciendo frente a los pagos pendientes a entidades financieras, por su participación en el desarrollo de la infraestructura. La cifra asciende a casi 40 millones y el plazo de reintegro expira en 2019. Preguntado el actual alcalde por la falta de avances sobre este particular, Ángel Vega sostiene que «muy pronto» se producirán novedades.