Un ex alto cargo dice que nadie ignoraba en la Junta cómo se hacían los ERE

Fiel a su palabra, el que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero optó por «tirar de la manta» y apuntó a lo más alto. El antiguo cargo aseguró que el Ejecutivo autonómico que presidía Manuel Chaves conocía los procedimientos por los que se concedieron ayudas a empresas en crisis y se pagaron prejubilaciones con dinero público. «Nadie del Gobierno andaluz puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas», aseveró tajante ante la jueza de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

Era la primera vez que Guerrero comparecía en sede judicial para defenderse, y su declaración cayó como una bomba un día antes del inicio de la campaña electoral autonómica. Una convocatoria que se presenta muy movida por este fraude y por el caso de presunta corrupción desvelado esta misma semana -con grabaciones incluidas- en la empresa pública andaluza de inversión y capital riesgo Invercaria.

La jueza entiende que Guerrero conocía la inclusión de intrusos en los ERE y que las ayudas se destinaban a empresas de municipios socialistas o afines al partido. Le ha imputado por tres delitos continuados de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos, y otros tanto de falsedad en documento mercantil y oficial. También recordó al exdirector de Trabajo las acusaciones de su antiguo chófer acerca de que se gastó el dinero público en drogas y juergas, extremo que el imputado negó con la cabeza. No obstante, el exdirectivo de la Junta entre 1999 y 2008 aseguró a la entrada del juzgado que no se sentía «culpable de nada» y que su intención era contar «toda su verdad» en su comparecencia, que continuará hoy.

Según relató a la magistrada, se hizo un convenio marco para que fuera el antiguo Instituto Andaluz de Fomento el que se encargase de conceder las ayudas con cargo a la famosa partida 31-L, que el propio Guerrero calificó ante la Guardia Civil de «fondo de reptiles». El convenio no se hizo para evitar controles administrativos, como denuncia el PP, sino para mantener la paz social ante diversas crisis laborales. El ex alto cargo afirmó incluso que a él no le gustaba mucho porque era una partida «discrecional» y reconoció que en algunos casos se hicieron muchas «concesiones que no estaban en el papel».

«Dato objetivo»

Según el exdirector de Trabajo, todas las relaciones presupuestarias de las ayudas se veían en el Consejo de Gobierno, e incluso cada consejero se preocupaba de las subvenciones destinadas a empresas de su provincia. Mencionó de forma expresa a Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia y líder socialista en Jaén, o el que fuera consejero de Empleo hasta 2004 y secretario provincial del PSOE de Sevilla hasta hace unas semanas José Antonio Viera.

También subrayó que el gabinete, siendo Chaves presidente, le dio instrucciones escritas para que «sí o sí» se solucionara un conflicto laboral en una empresa donde estaba previsto un acto público. Algunas órdenes de ayuda le supusieron aumentar el presupuesto con dinero que no tenía, unos elementos que le llevaron a concluir ante la juez que «es un dato objetivo» que la cúpula del Ejecutivo regional conocía el sistema de ayudas.

Antes de conocer las acusaciones de Guerrero, desde el PP andaluz expresaron su confianza en que el exdirector de Trabajo «dijese toda la verdad» para poder así «cerrar página cuanto antes» a este caso. En este sentido, el vicesecretario general de los populares en Andalucía, Ricardo Tarno, hizo hincapié en que los ciudadanos tienen derecho a conocer qué ha ocurrido con el dinero que iba a destinarse a los parados y a las empresas y que, «según el PSOE, ha estado manejado durante años por un golfo».

Por su parte, el presidente de la Junta y candidato socialista, José Antonio Griñán, insistió en que en cuanto se conocieron las irregularidades las denunciaron ante los juzgados, y se mostró tranquilo ante nuevas imputaciones. «No temo la implicación de nadie», apostilló, para a renglón seguido denunciar que con este caso la oposición ha intentado hacer una instrucción «política y no judicial» para buscar su posible implicación.