Lanbide asegura que acabará con el fraude en las ayudas sociales antes del verano

El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) se da de plazo hasta el verano para acabar con la bolsa de fraude en el cobro de ayudas sociales. Desde hacía tiempo se barruntaba que un buen número de perceptores de la renta de garantía de ingresos (RGI) se embolsan cada mes entre 650 y 923 euros sin cumplir con los requisitos legales para ello, aprovechándose así de uno de los sistemas de protección social más generosos del Estado que supone un sustento vital para miles de familias realmente necesitadas. Pero desde ayer, cuando EL CORREO desveló que 7.000 de los 56.000 beneficiarios están ilocalizables, toma aún más fuerza la sospecha de que hay engaños. Naturalmente, no son generalizados, pero sí suponen un volumen notable y, sobre todo, un gasto abultado e injusto en tiempos de penurias presupuestarias.

El problema es que la picaresca puede adoptar muchas formas diferentes: cobrar cuando se reside fuera de Euskadi, hacerlo mientras se llevan a acabo actividades laborales no reguladas (economía sumergida), vivir en unidades convivenciales diferentes a las declaradas... Para detectar el fraude en cada una de sus modalidades son necesarias distintas medidas de control que, aseguran fuentes de Lanbide, ya se están activando por parte de la Unidad de Inspección de la RGI.

Pero el momento definitivo será cuando se llame a los beneficiarios para realizar cursos formativos presenciales, incompatibles, debido al horario, con la residencia fuera de Euskadi y con el desarrollo de trabajos remunerados irregulares. Antes del verano, aseguran en el Servicio Vasco de Empleo, todos los expedientes de los 56.000 perceptores de RGI estarán actualizados y podrán ser convocados para estas actividades formativas -salvo los pensionistas, que suponen un tercio del total-. Entonces, apuntan las mismas fuentes, aflorará la bolsa de fraude en su dimensión real.

Hay que ir por partes. La primera de las medidas de control para detectar cobros irregulares es la que ha destapado en este primer momento a los beneficiarios que están ilocalizables. Cuando en diciembre Lanbide asumió la gestión del subsidio -antes le correspondía a diputaciones y ayuntamientos- envió cartas certificadas a los 56.000 perceptores para darles cuenta de la nueva situación. Ahora, se encuentra con que le han llegado devueltas 7.006 de aquellas misivas. «Algo está mal», admitió ayer la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, en la medida de que es imposible contactar con personas que por ley deben mantenerse disponibles para atender posibles -y poco probables- ofertas de empleo pero, sobre todo, de cursos formativos.

Zabaleta, igual que los responsables de Lanbide, mantiene un tono muy prudente y asegura que no se podrá hablar de fraude hasta que finalice el proceso administrativo. Ahora, Lanbide hace un nuevo intento para contactar con esas 7.006 personas; si vuelve a ser en balde, les citará por medio del Boletín Oficial del País Vasco; y si siguen sin comparecer, se les retirará la ayuda de manera cautelar. Desde el Servicio Vasco de Empleo estiman que los primeros defraudadores dejarán de cobrar a partir del próximo mes.

«Control indirecto»

Lo anterior iba destinado a identificar una de las formas de fraude: personas que cobran la RGI viviendo fuera de Euskadi, cuando están obligadas a residir en la comunidad para percibirla. Pero, ¿qué hay de las otras formas de engaño? Fuentes de Lanbide hablan de «medidas de control indirecto». Hasta el momento se han concertado más de 15.000 citas previas con beneficiarios de RGI para actualizar sus expedientes y adaptarlos a la nueva situación, que no es otra que vincular la percepción de la ayuda a la búsqueda activa de empleo. Es decir, quien no esté dispuesto a trabajar y quien rechace un empleo, dejará de cobrar. Por el momento, el Gobierno vasco no revela cifras sobre las inasistencias a citas previas y los resultados de esos encuentros, cuyo objetivo es actualizar documentación y analizar la situación de cada beneficiario para preparar su inserción en el mercado laboral.

Por último, tras la primera toma de contacto por carta certificada y las posteriores citas en las oficinas, llegará la oferta formativa. Antes del verano, todos los perceptores en condiciones de trabajar serán llamados para realizar cursos.

Recuerdan en Lanbide que, junto a todo esto, los técnicos de este organismo tienen el cometido de revisar cada tres meses la situación de cada perceptor y cercionarse de que sigue cumpliendo con los requisitos exigidos. Antes este examen tenía lugar, dicen, una vez al año. En cuanto a la aparentemente voluminosa bolsa de fraude que heredan tras años de gestión foral y municipal, desde Lanbide rechazan realizar valoraciones sobre el pasado para evitar conflictos con las otras administraciones.