La expulsión de los Jesuitas

Entre finales de enero y principios de febrero de 1932, en medio de críticas y gestos de profunda tristeza, el Gobierno dio cumplimiento al decreto de disolución de la Compañía

IMANOL VILLA
Jesuitas en el paso fronterizo de Irún. ::
                         E. C./
Jesuitas en el paso fronterizo de Irún. :: E. C.

El artículo 1º del decreto de disolución de 24 de enero de 1932 era terminante y claro: «Queda disuelta en territorio español la Compañía de Jesús. El Estado no reconoce personalidad jurídica al mencionado instituto religioso, ni a sus provincias canónicas, casas, residencias, colegios o cualesquiera otros organismos directa o indirectamente dependientes de la Compañía». De este modo, todas las sospechas, más que fundadas sobre el famoso Artículo 26 de la Constitución de la República española, quedaron confirmadas a través de un decreto hecho a la medida y diseñado para hacer ejecutable una expulsión sobre la que no podía admitirse la más mínima objeción.

La orden -entregada por el mismísimo presidente Azaña al ministro de Justicia, Sánchez Albornoz, a las once de la noche del 23 de enero y publicado al día siguiente en la Gaceta de Madrid, el ABC y El Socialista- establecía un período máximo de 10 días para que todos los jesuitas abandonasen el territorio nacional. También estipulaba, cosa ésta no exenta de polémica en su aplicación, que «los bienes de la Compañía pasan a ser propiedad del Estado, el cual los destinará a fines benéficos y docentes».

Beneméritos padres

Como era de esperar, las reacciones no tardaron en producirse. La prensa, sobre todo la católica, se hizo eco de buena parte de las manifestaciones de rechazo, consternación y profunda tristeza que la decisión gubernamental provocó en los católicos españoles. Parecía increíble. Una vez más los jesuitas eran expulsados de España. En el País Vasco, la primera muestra de homenaje importante tuvo lugar en Loyola el 31 de enero. Desde primeras horas de la mañana, miles de católicos llegados desde todos los puntos de las tres provincias e, incluso, de poblaciones francesas cercanas a la frontera, se congregaron en la explanada frente al santuario para asistir a la solemne novena de despedida de los «beneméritos padres». Más de veinte mil personas se dieron cita en un acto de despedida que ni siquiera la prensa más cercana acertó a definir con palabras. «La ceremonia fue de una emotividad inolvidable», señaló La Gaceta del Norte. Al igual que en Loyola, en otras muchas partes de España se produjeron manifestaciones similares. Santander, San Sebastián, Burgos, Pamplona, Gijón, Córdoba, Zaragoza...

El Gobierno, por su parte, se mostró implacable. Desde el principio manifestó una voluntad decidida de cumplir el decreto con una minuciosidad casi exquisita. De hecho, ya el 2 de febrero, fecha límite para el abandono de todos los integrantes de la Compañía, la maquinaria administrativa se puso en marcha para dar cumplimiento a lo establecido. Ese día, el director general de Enseñanza, señor Llopis; el gobernador general de las Provincias Vascongadas, señor Calviño y el director del Instituto, señor Abaunza, visitaron los edificios de la Universidad de Deusto, del Colegio de Indauchu y los de Durango y Orduña. El objetivo no era otro que el de elaborar una especie de inventario inmobiliario de cara a desarrollar el nuevo proyecto educativo que las autoridades republicanas tenían pensado poner en funcionamiento en los inmuebles que hasta ese momento habían pertenecido a los jesuitas. Posteriormente a la visita, el señor Llopis declaró que la idea era que el Colegio de Indauchu fuera convertido en Instituto-Escuela, las instalaciones de Deusto siguieran destinadas a la formación universitaria y el centro de Orduña se convirtiera en una escuela prolongada. No obstante, al menos en Bizkaia, el proceso de incautación no estaba del todo claro. Tal y como se comunicó a los representantes del Gobierno, los edificios utilizados por la Compañía de Jesús para ejercer su labor docente, tanto en Indautxu como en Deusto, estaban bajo la titularidad de una sociedad de nombre La Enseñanza Católica, constituida en 1886. Ellos eran los verdaderos propietarios y gestores exclusivos de la organización y distribución de los equipos docentes. Nunca, por lo tanto, los edificios aludidos habían sido de los jesuitas. No cabía, por esa razón, cambio alguno de titularidad. Como prueba, la citada sociedad presentó sus estatutos fundacionales en los que se especificaba que «tiene libertad de encargar los servicios de enseñanza a cualquier corporación o particular».

De poco sirvieron las protestas y las alegaciones pertinentes. Entre los días 3 y 4 de febrero diversos representantes del Estado tomaron posesión de todos los edificios utilizados por los jesuitas: el Colegio de Indauchu, la Residencia de la calle Ayala y la Universidad de Deusto. No obstante, las cosas no salieron del todo como el Gobierno habría deseado. Pese a que las nuevas autoridades confirmaron que quienes quisieran podían continuar sus estudios en ambos centros una vez se nombraran los nuevos claustros de profesores, la sociedad anónima La Enseñanza Católica publicó una breve nota en la que comunicaba a todos sus alumnos y sus familias que, en breve, habrían de proseguir las clases con los mismos profesores.

Al mismo tiempo, la Asociación Vizcaína de Cultura, «que con su Claustro de profesores titulados y aprobados por el Rectorado de la Universidad de Valladolid, ha venido dando las enseñanzas de la Facultad de Derecho en el Colegio de Estudios Superiores de Deusto», transmitió a todos sus alumnos, incluidos los matriculados en la carrera de Ingeniería Industrial, su intención de proseguir con las clases en unos locales habilitados en la Alameda Mazarredo, 25.

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