Estrasburgo rechaza el último recurso de los padres de Enaitz

El tribunal europeo cierra la puerta a la familia del joven de Durango atropellado por un conductor que reclamó los daños

AINHOA DE LAS HERASBILBAO.
Rosa Trinidad y Antonio Iriondo, con una foto de su hijo. ::M. SALGUERO/
Rosa Trinidad y Antonio Iriondo, con una foto de su hijo. ::M. SALGUERO

«Ha sido una gran decepción, me siento engañada», Rosa Trinidad, la madre de Enaitz Iriondo, el joven durangués de 17 años atropellado por un conductor que pidió que los padres pagaran los daños en su coche, recibe con «tristeza» la noticia de que el Tribunal europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha rechazado el recurso que presentaron en julio de 2009. Una vez que hasta el Tribunal Constitucional avaló que el caso no podía reabrirse, la familia de Enaitz acudió a Estrasburgo en busca de que, al menos, se constataran los errores cometidos «por una mala gestión de la Justicia en España».

Los Iriondo consideran que se han vulnerado sus derechos fundamentales -«nuestro hijo no ha tenido un juicio justo»- y esperaban que Europa «castigara a los jueces españoles por su mal hacer».

El conductor que arrolló al chico, que circulaba en bicicleta de regreso a un camping cercano a Haro, en La Rioja, donde su familia veraneaba, el 26 de agosto de 2004, ha quedado impune ya que la jueza que instruyó el caso dictó un «sobreseimiento libre» al cabo de 27 días, sin haber realizado apenas investigación. Además, a los padres se les pasaron los tres días de plazo para recurrir por un mal asesoramiento de su abogado. Recurso tras recurso, los distintos tribunales les han ido denegando la posibilidad de reabrir el caso y celebrar un juicio. Hasta el Constitucional alegó «seguridad jurídica» al entender que se trataba de una causa juzgada, pese a que no llegó nunca a juzgarse. A diferencia del sobreseimiento provisional, el libre no tiene vuelta atrás. «Una vez más, los canallas tienen derechos y las víctimas no», proclaman.

Contra la jueza

Después de dos años de deliberaciones, el tribunal europeo ha rechazado el recurso alegando que no puede admitirlo a trámite porque los demandantes «no son acusados» y ellos tratan litigios que tienen que ver con la «vía civil», explica Carmen Merino, abogada y representante de la Asociación de Perjudicados por Resoluciones Jurídicas. En el escueto escrito, también aluden a que «no se han agotado los pasos en la Justicia española», algo que Merino califica directamente de «mentira». La decisión es firme y no cabe contra ella recurso; el propio tribunal advierte que los demandantes no recibirán más información. «Me gustaría que alguien me explicara por qué», pide Rosa Trinidad.

La familia Iriondo pretendía que Estrasburgo sacara los colores a los jueces españoles, que en su opinión han actuado con «corporativismo», y, ya que no se puede reabrir el caso, se aconsejaran algunas modificaciones normativas para que un caso así no volviera a repetirse. «Creemos que no debería permitirse a los jueces dictar sobreseimientos libres, salvo en casos graves, como cuando a uno le acusan de un homicidio y se detiene al verdadero asesino», opina Merino. Hasta ahora, el Ministerio de Justicia sólo les ha contestado que «lo está estudiando».

A los padres de Enaitz ahora sólo les quedaría el «procedimiento directo» contra la jueza que cerró el caso, por entender que no realizó las suficientes diligencias para investigar el asunto. Ni siquiera tomó declaración al conductor, lo cual también afectaría al abogado que no presentó recurso a este auto. El peritaje encargado por la familia de Enaitz demostró que el individuo circulaba a una velocidad muy por encima de la permitida.

«Voy a seguir luchando por el nombre de mi hijo», asegura Rosa Trinidad. De momento, han acudido al Ararteko, que se ha comprometido a estudiar las posibles vías que le quedan por abrir. Además, a instancias de la viceconsejera de Justicia, María Víctoria Cinta, jueza de profesión y que fue presidenta de la Audiencia de Gipuzkoa, han enviado una carta al Consejo General del Poder Judicial.

En la misiva, los padres de Enaitz explican que «después de siete años dando tumbos de un juzgado a otro» en busca de justicia, «lo único que podía mitigar nuestro dolor nos lo niegan, ¿por qué, porque no sabemos de leyes? Nunca nos habíamos visto envueltos en un litigio, nadie nos explicó el alcance de un sobreseimiento libre, ¿cómo una jueza puede dar carpetazo a un drama de este calibre? Y cuando tenemos pruebas, no nos quieren escuchar. Los infractores tienen más derecho que la gente honrada, el que mata con un vehículo también es un delincuente».