ELA exige acabar con la dispersión de presos y revisar la 'doctrina Parot'

La decisión de ETA de dejar las armas debe servir «para abrir un nuevo tiempo político en el que puedan abordarse diversas cuestiones». Esta es la reacción de ELA al comunicado de la banda terrorista. Para el sindicato nacionalista, el anuncio es acorde a la voluntad expresada «durante décadas» por la sociedad y es la decisión «coherente con la reflexión expresada en los últimos tiempos por la izquierda abertzale ilegalizada».

Una vez expresada su «profunda satisfacción» por la noticia, la organización que lidera Adoldo 'Txiki' Muñoz emplazó a los Gobiernos de España y Francia a «iniciar conversaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto». Y es que, según la central, deben darse «pasos importantes en materia de derechos humanos». A su juicio, «urge hacer verdad, compensar y asistir a todas las víctimas, así como garantizar que en el futuro no se produzcan violaciones de derechos». En este apartado, ELA llega a exigir la modificación de la política penitenciaria «para acabar con la dispersión de los presos, poner en libertad a los enfermos y revisar la 'doctrina Parot'». ELA pide también la legalización de las organizaciones ilegalizadas.

Mientras el sindicato LAB analizará hoy en su asamblea nacional «la nueva situación», las federaciones vascas de Comisiones Obreras y UGT, que también estuvieron representadas en el palacio de Aiete, coincidieron en resaltar que el fin del terrorismo etarra es fruto de «la fortaleza de la sociedad vasca». Tras recordar a las víctimas, CC OO Euskadi cree que es hora de trabajar «por la normalización de la participación política». En esta línea, la organización que lidera Unai Sordo realizó un llamamiento al conjunto de fuerzas políticas e instituciones para «reconstituir puentes en la sociedad».

A su vez, UGT-Euskadi opina que el cese definitivo de la actividad armada de ETA es «una victoria clara de la democracia frente a la sinrazón». Además de recordar a las víctimas porque «su memoria debe servir de muro de contención frente a la sinrazón de la violencia», la central que dirige Dámaso Casado subrayó que ahora toca trabajar para «hacer de Euskadi una sociedad, plural, justa e igualitaria, donde las actitudes violentas no tengan cabida».

Sindicatos policiales

Por su parte, el sindicato de la Ertzaintza ERNE expresó su deseo de que el «cese definitivo» de la actividad armada de ETA sea «el inicio de un viaje sin retorno de la acción terrorista y el Pueblo Vasco pueda vivir libre después de tanto sufrimiento».

En su comunicado, el sindicato mayoritario de la Policía autónoma recordaba a todas las víctimas del terrorismo y se felicitaba por que la sociedad vasca pueda ahora «creer en un futuro mejor, donde entremos todos y podamos defender nuestros valores, sin tener que llevar escoltas o tener que mirar en los bajos de nuestros vehículos».

Para ERNE, «la democracia ha triunfado sobre la sinrazón y el odio», y tiene el convencimiento de estar ante «el punto final» del largo relato etarra. Sobre los pasos a seguir a partir de ahora, opina que «la sociedad siempre ha sabido ser generosa y buscará las fórmulas para cerrar las heridas».

Con más escepticismo acogieron el comunicado las asociaciones de policías nacionales y guardias civiles, cuerpos que siempre han estado en la diana de ETA a lo largo de su sangrienta trayectoria. Así, el presidente de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Alberto Moya, reclamó «dignidad» para las víctimas en los pasos que ahora vayan a darse porque además está en juego «la credibilidad del Estado de Derecho. Seremos muy escépticos y muy duros».

Moya, que recordó a los más de doscientos compañeros asesinados por los terroristas, quiso resaltar que, precisamente, las dos últimas víctimas fueron dos guardias civiles, los agentes Carlos Sáenz de Tejada García y Diego Salva Lezaún, asesinados el 30 de julio de 2009 por una bomba colocada en los bajos del coche patrulla frente a un cuartel en Palmanova, en el municipio mallorquín de Calviá. Por ello, consideró que las víctimas se merecen que «esto acabe con «dignidad» porque sería «muy duro y muy doloroso» para ellas encontrarse a un terrorista en el bar de su pueblo. «Esperemos que no ocurra, porque además estará en juego la credibilidad del Estado de Derecho».

Desde la Confederación Española de la Policía (CEP), su vicesecretario general, Lorenzo Nebrera, recalcó que ETA deja las armas «no por su convencimiento» para cesar en la actividad armada, sino por «conveniencia», ya que busca estar dentro de las instituciones, y por la «necesidad» creada por la precariedad de su situación límite debido a la actividad de la policía». A juicio de Nebrera, la banda terrorista «no tiene crédito» para verificar la seriedad de su anuncio. En este sentido, incidió en que se deben dar «dos pasos incuestionables» como son la entrega definitiva de las armas y el cumplimiento íntegro de las penas para terroristas con delitos de sangre.