Las causas abiertas de Castro colapsan la Fiscalía cántabra de Medio Ambiente

El pasado 1 de septiembre, la fiscal superior de Cantabria, María Teresa Calvo, presentó ante el Parlamento autonómico la Memoria de 2010. En su exposición destacó la referencia a una nueva ley sobre derribos como «posible generadora de inseguridad jurídica, ya que posee conceptos indeterminados». Respecto al volumen de trabajo, aseguró que el número de procedimientos incoados se sitúa en cifras «razonables», aunque sostuvo la necesidad de una ampliación de personal y material. Y es que la situación de normalidad que atraviesa el Ministerio Público se ve alterada debido al estado de la Sección de Medio Ambiente, «prácticamente colapsada» por las investigaciones de los presuntos delitos de prevaricación urbanística acontecidos en Castro, que afectan a exalcaldes, antiguos concejales, constructores, funcionarios e incluso a dos ediles de la actual Corporación.

La Fiscalía indicó que al volumen de trabajo se le debe añadir su «complejidad», y puso como ejemplo los numerosos viajes a Castro que han tenido que hacer las dos fiscales responsables de estos procedimientos, «no pudiendo atender otras obligaciones». Para aliviar esta situación, planteó la posibilidad de contar con un fiscal específico para asuntos de medio ambiente y la contratación de peritos independientes en este área, «tan necesarios como los médicos forenses en otros casos». Calvo destacó que esta actuación es «esencial», sobre todo, cuando se dirige a representantes municipales, como es el caso de Castro.

Esta aclaración generó suspicacias y el portavoz regionalista pidió explicaciones al entender que se podía estar poniendo en duda la independencia de los funcionarios. La fiscal superior aseguró que sólo se refería a la necesidad de disponer de personal «que se adecúe a una forma de trabajar determinada». De hecho, afirmó que en estos casos se ha contado con el apoyo «indispensable» de técnicos de diferentes administraciones. El volumen de trabajo de la Sección de Medio Ambiente se extiende a los tres tribunales de Castro, el último creado a finales de 2009 para descongestionar, especialmente, la tarea del juzgado número 2, cuyo titular es Luis Acayro, que ese mismo año llegó a contar durante varios meses con una jueza de refuerzo.

En Castro se instruyen actualmente dos procedimientos penales que suman un total de 150 tomos. Esta cifra se reparte entre los cien volúmenes del 'caso La Loma', en el que están imputadas 51 personas, y los cincuenta tomos del 'caso Urdicam', que acusa a 22 personas. La Fiscalía subraya la dificultad del primer caso, ya que se derivan varias causas de la pieza principal. Además, sostiene que la situación de Castro refleja la «problemática» intervención conjunta de dos administraciones en materia urbanística.

Certificaciones falsas

Muestra de ello es que el Consistorio obvió informes de la Comisión Regional de Urbanismo, además de enviarle al Gobierno de Cantabria certificaciones de infraestructuras falsas. El Ministerio Público recuerda que se construyó obviando el correcto abastecimiento de agua. Sin embargo, el atasco que sufren los juzgados de Castro podría verse aliviado si la consejería de Justicia cumple las «medidas urgentes» que avanzó el pasado lunes su titular, Leticia Díaz, en una visita al municipio.

El encuentro, al que asistieron los responsables de los tres juzgados, además del alcalde, está enmarcado en una ronda que la consejería está llevando a cabo por los ocho partidos judiciales de Cantabria. Díaz aseguró que se emprenderán «actuaciones organizativas con carácter inmediato», que también deberán servir para reducir el rechazo que Castro provoca entre los empleados como destino por su alto volumen de trabajo.