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IVÁN ALONSO
Viernes, 3 de junio 2011, 11:03
La seguridad en el Puente Colgante vuelve a la palestra. El Parlamento vasco aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley presentada por el PP en la que se insta a la Autoridad Portuaria, propietaria de la infraestructura, a activar todas las medidas precisas para prevenir accidentes. La muerte el 8 de septiembre del joven Mikel Uriarte tras precipitarse a la ría con su coche desde la barquilla ha disparado la preocupación por las condiciones en las que presta su servicio de transporte el transbordador.
«El Parlamento vasco insta a la Autoridad Portuaria de Bilbao a realizar informes técnicos y, en su caso, a poner en marcha cuantas medidas y actuaciones de seguridad sean necesarias para que se mejore la prevención de riesgos de accidentes de pasajeros y vehículos». Así reza el texto que el pleno de la Cámara de Vitoria aprobó con el respaldo de todos los grupos. Aunque la proposición, por su carácter legal, no obliga de hecho al Puerto a revisar la seguridad del transbordador de manera urgente e inmediata, sí supone un mandato firme que podría llevar a una revisión de todos los protocolos de seguridad.
Esther Martínez, la representante popular que presentó el 17 de marzo la propuesta a la Mesa del Parlamento para su debate en el pleno, justificaba ayer la medida para intentar «mejorar la seguridad del Puente Colgante tras 118 años de servicio», y como respuesta a las más de 45.000 firmas de apoyo recogidas por la familia Uriarte. El objetivo final es, según Martínez, que la estructura «tenga todas las medidas de seguridad necesarias». Para ello, considera imprescindible realizar cuantos «informes técnicos y estudios» sean precisos para aumentar la confianza de los ciudadanos en un Patrimonio de la Humanidad que, no obstante, sólo se ha cobrado la vida de dos personas por accidente en su centenaria andadura.
En el escrito presentado a la Mesa del Parlamento, los populares citaban expresamente a Mikel Uriarte y calificaban su muerte como un «trágico suceso que vino a poner en evidencia las deficiencias en materia de seguridad de que adolece la infraestructura». Martínez se hacía eco de la versión del accidente que dice que el joven entró en la barquilla «a una velocidad de 13 kilómetros por hora» y que, debido al estado del firme, el vehículo se deslizó y se precipitó a la ría.
La resolución parlamentaria ha devuelto la polémica a Portugalete, el municipio donde se produjo el siniestro. El concejal electo del PP Juan Carlos Castaño se felicitó ayer por la resolución e instó al alcalde en funciones, el socialista Mikel Torres, «a que tome nota, porque tiene mucho que hacer para mejorar las medidas de seguridad y los accesos». Torres, por su parte, defendió que la limitación de velocidad, los badenes y las señales antes de la entrada al Puente en la villa «son suficientes».
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