El juez inhabilita a Muguruza 7 años por prevaricación en el 'caso Mioño'

La Junta Electoral de Laredo anuncia hoy si él y otros tres ediles concurren el domingo a las elecciones

SUSANA PORTELLCASTRO.
Fernando Muguruza, frente a las dependencias de la Guardia Civil en una imagen de archivo. ::                             ABEL VERANO/
Fernando Muguruza, frente a las dependencias de la Guardia Civil en una imagen de archivo. :: ABEL VERANO

El Juzgado de lo Penal número 2 de Santander ha condenado a siete años y medio de inhabilitación para empleo y cargo público al alcalde de Castro, Fernando Muguruza, y a los actuales concejales, José Miguel Rodríguez 'KyK', Concepción Carranza y Salvador Hierro por un delito de prevaricación. Los tribunales abordaban la adjudicación irregular de las obras de rehabilitación del túnel de Mioño a la empresa Izeta, cuyo gerente era hermano del entonces edil de Industria, Jaime Díez Muro, que ha sido condenado por los mismos hechos junto a otros miembros del equipo de gobierno de la pasada legislatura, como Santiago Vélez y el secretario municipal César Saiz.

El juez de lo Penal José Hoya Corominas considera probado que en septiembre de 2004, el empresario Juan Ignacio Díez Muro se valió de su condición de familiar del responsable de Industria para mantener contactos «personales y directos» con el edil de Obras, Salvador Hierro, para que se adjudicara a Izeta «beneficiándose de su relación familiar», el acondicionamiento, limpieza y reforma del túnel de Mioño. Por este hecho, el industrial ha sido condenado a 16 meses de prisión y una multa de 7.090 euros por un delito de tráfico de influencias.

Esta condena de inhabilitación al mandatario castreño y a varios ediles podría impedir que se presenten a las elecciones locales de este domingo con el recién creado partido Alternativa Castreña Independiente (ACAI). La reforma de la Ley Electoral establece que «aquellas personas que estén condenadas por prevaricación a penas de inhabilitación aunque la sentencia no sea firme son inelegibles».

La Junta Electoral de Laredo se reunió ayer por la tarde para estudiar la sentencia cuya decisión se hará pública hoy, último día de la campaña electoral, y en la que tendrá que pronunciarse sobre si los candidatos que han sido condenados pueden presentarse a los comicios del 22M. Si la resolución es contraria, desde Alternativa Castreña Independiente han confirmado que se pasaría a los siguientes de la lista, que serían Ana Arnedo, exsecretaria del PP, y Ana Zubiaurre, concejal de Turismo y exmilitante popular. El abogado de los candidatos de ACAI condenados, Luis Revenga, ha dicho que recurrirá el fallo.

En el fallo judicial, el magistrado José Hoya asevera que la omisión de los trámites administrativos no se justifica por el «desorden» en el Ayuntamiento, que fue uno de los principales argumentos de las defensas en la vista oral. El juez incide en que la oferta de Izeta fue aceptada «sin más», omitiendo el procedimiento administrativo y con una adjudicación efectuada «sin transparencia». Hoya hace hincapié en que los acusados actuaron «a sabiendas de la injusticia» de su resolución y agrega que en esa junta de gobierno participaban personas «expertas en contratación».

Siete causas abiertas

Fernando Muguruza, expulsado del PRC en 2007 y declarado tránsfuga, está imputado en otras siete causas por presunta prevaricación e irregularidades urbanísticas y de contratación en el Ayuntamiento de Castro, que preside desde 2003. El 18 de febrero de 2010 se convirtió en el primer regidor de Cantabria que ingresaba en prisión (provisional) por la tramitación de unas licencias de construcción en el alto de La Loma.

Muguruza permaneció 20 días en el centro penitenciario de El Dueso (Santoña) hasta que la Audiencia de Cantabria revocó el auto del titular de Instrucción número 2 de Castro, Luis Acayro, que ordenaba que entrara en prisión. El magistrado justificó el encarcelamiento preventivo porque, a su juicio, había riesgo de «reiteración delictiva» y de que «destruyera pruebas». Finalmente, la Audiencia ordenó que quedara en libertad porque «no había un peligro fundado» de que pudiera ocultar o destruir pruebas, ni tampoco en que incurriera en nuevos delitos.

A parte de la causa por las obras del túnel de Mioño, en la que ya hay una condena, el juez instructor ha concluido la investigación de otros dos procedimientos: la autorización de licencias a la promotora Urdicam y la adjudicación, presuntamente ilegal, de unas tareas de desratización en el municipio.