Tres progresistas y tres conservadores verán el recurso en el Constitucional

El Tribunal Constitucional tiene desde hoy la última palabra sobre Bildu. Tanto la coalición como la Fiscalía y la Abogacía disponen de hoy y mañana para recurrir la decisión de la Sala del 61 del Tribunal Supremo. Sus escritos deberán ser analizados en el Constitucional por la Sala Segunda entre el miércoles y el jueves. En teoría, la resolución definitiva debería estar lista antes de que comience la campaña, a las cero horas del viernes 6 de mayo. No sería la primera vez, sin embargo, que la sentencia se da a conocer en las primeras horas de pegada de carteles electorales. Además, hay que tener en cuenta que el Supremo ha tardado un día más de lo previsto en dictar su auto, después de que acordara prorrogar un día más el plazo de alegaciones para la defensa y evitar que la coalición pudiera esgrimir el argumento de que no había tenido tiempo suficiente para responder a las acusaciones.

La cuestión entra ahora en el más alto tribunal del Estado, donde tendrá que seguir una tramitación urgente. Por turno, según portavoces del Constitucional, el caso le corresponde a la Sala Segunda, la única de las dos que está completa, con seis magistrados. Y a buen seguro, es la que menos gustará a los abogados de Bildu porque está compuesta por tres magistrados progresistas y otros tres conservadores. La Sala Primera consta de solo cinco jueces después de que socialistas y populares no hayan sido capaces de nombrar un sustituto para la plaza que ocupaba Roberto García-Calvo, quien falleció en 2008. La Sala Primera, además, es de marcada tendencia progresista -cuatro juristas cercanos al PSOE por un solo conservador-.

Los magistrados que deben revisar a partir del miércoles el fallo del Supremo tienen un perfil marcado por el partido que les propuso para el cargo. Como progresistas quedan el vicepresidente del tribunal, Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y el catedrático recién llegado Luis Ignacio Ortega. Gay y Pérez Vera se significaron por su oposición a la sentencia que recortó la reforma del Estatut aprobada por el Parlamento de Cataluña. De hecho, la magistrada renunció a ser ponente de esa sentencia después de preparar cinco borradores más favorables al texto emanado desde el Legislativo de Barcelona. Ortega, por su parte, fue responsable de la asesoría jurídica del presidente Felipe González entre 1982 y 1989.

Afiliados a la APM

En la bancada conservadora se sitúan Ramón Rodríguez Arribas, Francisco José Hernando y Francisco Pérez de los Cobos. Rodríguez Arribas y Hernando se han significado por su militancia en la Asociación Profesional de la Magistratura. Hernando, además, presidió el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008. En ese plazo de tiempo fue uno de los magistrados encargados de poner en marcha la aplicación de la ley de partidos, aprobada en 2002 en el Congreso de los Diputados. Un año después, la Sala del 61 dirigida por Hernando ilegalizó a Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. Desde entonces, votó siempre a favor de dejar fuera de las elecciones a todas las marcas acusadas de suceder a Batasuna. Defendió, incluso, la anulación de las listas de Iniciativa Internacionalista para las últimas elecciones europeas. La anulación de esas candidaturas fue días después enmendada por el Constitucional, que acusó al Supremo de haber tomado una decisión demasiado a la ligera.

Expertos juristas aclaran, no obstante, que la resolución que puedan adoptar ahora dependerá de la sentencia que redacte la Sala del 61 sobre Bildu porque en el TC «no se vuelven a juzgar los hechos, sino que analizan si con las pruebas aportadas se puede restringir un derecho fundamental como el de participación política».