El Parlamento exige a López un plan para «simplificar» la administración

El Gobierno de Patxi López deberá presentar dentro de 18 meses -septiembre de 2012- un proyecto de ley con el que emprender la «simplificación», «racionalización y redimensionamiento de la administración» pública y de las sociedades participadas por el Ejecutivo. Así se lo exigió ayer el Parlamento de Vitoria con la suma de los votos de PP, UPyD, PSE y PNV. Aralar, EA y EB se abstuvieron.

El 'adelgazamiento' de las instituciones figura como uno de los objetivos del pacto que socialistas y populares suscribieron para posibilitar el cambio en Ajuria Enea y se ha convertido en un tema recurrente en la Cámara vasca. En enero del año pasado, el Parlamento ya solicitó al Ejecutivo un informe en el que se analizaran «las duplicidades» de servicios que ofrecen a la vez ayuntamientos, diputaciones y Gobierno autónomo. Expertos y políticos coinciden de que el sistema se vuelve «insostenible» cuando el «entramado institucional» mantiene organismos repetidos o con funciones muy similares. Un gasto que, sobre todo en tiempo de crisis, es difícil de comprender.

De una forma u otra, todos los grupos coincidieron ayer en la necesidad de reformar el actual sistema institucional para hacerlo «más ágil y eficaz». Pero lo hicieron con diferentes matices. PSE, PP y UPyD coincidieron en asegurar que desde la llegada de Patxi López a Ajuria Enea se han «hecho cosas» y se ha avanzado para tratar de evitar «clientelismos» y «amiguismos» del pasado, aunque para populares y para el partido de Rosa Díez «queda mucho por avanzar».

La representante del PNV, Ane Urkiola, ofreció un matiz diferente y reprochó a los socialistas que la liquidación de los Presupuestos de 2010 va a arrojar un «aumento» en el gasto corriente. Según dijo, la partida para personal ha crecido «un 3%». Unas cifras que negó acto seguido Joana Madrigal, del PSE.

Las fuerzas parlamentarias sí reconocieron durante el debate algunos aspectos que complican sobre el papel la reordenación de la Administración vasca. Cualquier modificación que pretenda ser eficaz requeriría cambiar la letra de la Ley de Territorios Históricos (LTH) y, además, conseguir aprobar la Ley Municipal, que desde la legislatura pasada no consigue suscitar el acuerdo de las partes implicadas. La modificación legal requeriría alcanzar algún tipo de acuerdo con las diputaciones, que desde hace años se muestran reacias a perder poder con los cambios. La moción aprobada ayer en el Parlamento vasco insta, en este sentido, al Gobierno vasco a «reforzar la cooperación» con los entes forales y los ayuntamientos «para lograr una disminución de los solapamientos y las duplicidades y avanzar en el necesario proceso de racionalización administrativa».