El baloncesto español se acerca a la libre circulación

Un expediente de la Comisión Europea podría acabar con el sistema de cupos para la próxima temporada o, como tarde, en 2012

IÑIGO MIÑÓNVITORIA.
San Emeterio pasa el balón ante la presión de Owens. ::
                             IOSU ONANDIA/
San Emeterio pasa el balón ante la presión de Owens. :: IOSU ONANDIA

Los cupos de jugadores de la Liga ACB tienen los días contados. La Comisión Europea ha abierto un expediente informativo por lo que considera una restricción ilegal contra la libre circulación de trabajadores de la Unión Europea (UE), una postura que, entre otros, siempre ha defendido el Baskonia. El Consejo Superior de Deportes (CSD) tiene ahora tres meses para presentar las correspondientes alegaciones, pero las circunstancias concurrentes apuntan hacia la supresión del sistema que impera en el baloncesto español, en el año 2012 como muy tarde.

Podría ser antes, dado que los cupos vulneran la normativa europea vigente. En la ACB tiene que haber un mínimo de cuatro jugadores españoles seleccionables por plantillas de once y cinco si es de 12, además de un máximo de dos extracomunitarios. Pero este acuerdo, firmado en 2008 por la ACB, el CSD, la Asociación de Baloncestistas Españoles (ABP) y la Federación Española (FEB), afecta también a otras competiciones, como la Adecco Oro y Plata y la Liga Femenina.

Este pacto, que amplía el de 2005, es en realidad una sucesión de prórrogas de acuerdos establecidos en 1993. Es decir, un pacto del siglo pasado desde el que la legislación ha cambiado en tres ocasiones. Actualmente tiene vigencia hasta 2012, coincidiendo con el período olímpico, por lo que esa es la fecha de caducidad establecida si no se corrige antes. La propia Federación teme que la libre circulación sea real a partir de la próxima temporada, pero el hecho de que se trate de un problema sectorial, que afecta a un número muy reducido de trabajadores, ralentizará la toma de decisiones en Bruselas. Habrá, eso sí, mesas de encuentro y acercamientos entre las partes para tratar de encontrar una solución legal.

Trámites lentos

La Federación, tras la «sorpresa» que causó la noticia del expediente, ha puesto el tema en manos de sus servicios jurídicos. «Tenemos interés en estudiar qué implica y, por supuesto, en estar dentro de la legalidad si es que se ha incumplido algo», subraya su director de comunicación, Kiko Martín, para quien «parece claro que sí va a afectar para la próxima temporada».

«Es la norma que rige toda la Unión Europea y la Federación siempre ha sido sensible a los derechos de todos los ciudadanos, pero es complicado mantener el equilibrio entre los intereses del baloncesto español, el producto nacional, los propios clubes y la normativa de trabajo, que avanza más rápido que la de una entidad especial como la deportiva», precisa Kiko Martín.

Mientras la ACB estudia el giro de los acontecimientos sin ofrecer una postura oficial pública, Juanjo Seoane, asesor jurídico del Baskonia, no ve tan claro esos plazos, consciente de que en la Comisión Europea de Deportes «no se trata de un tema urgente». En su opinión, el sistema de cupos «supone una limitación grave a la libre circulación», por lo que se puede considerar «ilegal», pero duda de que, con los tres meses que tiene el CSD para presentar alegaciones, deje de tener vigencia de cara a la próxima temporada.

«Acuerdo de conveniencia»

Uno de los colectivos más afectados sería la Asociación de Baloncestistas Profesionales, precursora y firme defensora del sistema de cupos. Su presidente, José Luis Llorente, mostró su «sorpresa» por la decisión de Bruselas, ya que «la Comisión no actúa si no hay denuncia», si bien no le consta que haya un demandante que haya desencadenado el expediente.

«De momento, tranquilidad, a ver cómo termina la cuestión y a ver qué dice definitivamente la Comisión. No sólo afecta a la Liga, sino a la Federación; y el marco no lo hemos decidido nosotros, sino que se trata de un acuerdo de conveniencia adoptado por todas las partes implicadas, trabajadores y clubes, y supervisado por el propio Gobierno español. Ha sido pactado por todos, de buen funcionamiento, y si lo adoptas es porque crees que es el mejor», concluye Llorente.