Bancos y cajas sólo han dado el 60% de los préstamos que prometieron para la VPO

En 2010 concedieron 300 millones para promover pisos públicos en el País Vasco, tras pactar con el Gobierno vasco que prestarían 500 millones

JAVIER MUÑOZ JMUNOZ@DIARIO-ELCORREO.ESBILBAO.
Los consejeros de Vivienda y Economía, Iñaki Arriola y Carlos Aguirre, al fondo en el centro, durante la firma del convenio con los bancos y cajas el año pasado. ::                             IOSU ONANDIA/
Los consejeros de Vivienda y Economía, Iñaki Arriola y Carlos Aguirre, al fondo en el centro, durante la firma del convenio con los bancos y cajas el año pasado. :: IOSU ONANDIA

Las cajas de ahorros y los bancos sólo aprobaron el pasado año el 60% de los préstamos que se habían comprometido a conceder para la promoción de viviendas protegidas en Euskadi. El convenio, suscrito en enero 2010 por el Gobierno vasco y una treintena de entidades financieras, entre la cuales figuraban las principales cajas vascas -BBK, Vital, Kutxa y Laboral-, contemplaba créditos a promotores e hipotecas a particulares por importe de 500 millones de euros, una suma que se destinaría para construir y vender viviendas de protección oficial (VPO), pisos tasados (más caros que las anteriores) e inmuebles de alquiler social. Sin embargo, según fuentes del Ejecutivo autónomo, a finales de diciembre pasado el mercado protegido sólo había recibido 300 millones de euros, una suma que, teniendo en cuenta la reconversión que afecta al sector financiero en España, la Administración vasca considera nada desdeñable e incluso meritoria, al menos, en la parte que corresponde a las cajas.

El pacto para financiar los pisos protegidos en Euskadi tenía un año de duración y establecía las condiciones de los préstamos: el euríbor más un diferencial distinto según la operación. Cuando se trataba de comprar un piso protegido, si el préstamo cubría hasta el 80% del valor del inmueble, el euríbor se incrementaba entre el 0,25% y 1%. Si la cantidad solicitada superaba el 80% entonces la horquilla adicional oscilaría entre el 0,50% y 1,25%. En el caso de los promotores de viviendas de arrendamiento social, el diferencial iba del 1% al 1,8%.

Una de las novedades del acuerdo entre el Gobierno vasco y las entidades financieras -aparte de establecer definitivamente el euríbor como referencia oficial de las hipotecas de VPO- era la posibilidad de que el Ejecutivo recomprara los pisos protegidos cuyos titulares dejaran de pagar la hipoteca. Esa medida, limitada a unos supuestos concretos, pretendía ofrecer más seguridades a bancos y cajas, de modo que siguieran concediendo préstamos a los adjudicatarios de Etxebide. Y es que cuatro de cada diez personas que conseguían una VPO en el sorteo renunciaban a ella, en muchas ocasiones porque eran rechazados en la sucursal adonde acudían para pedir una hipoteca, lo que obligaba a buscar sustitutos en las listas de espera.

Alquiler y deuda pública

Las firmas crediticias habían endurecido los requisitos de solvencia. Sin embargo, incluso tras el pacto suscrito con el Gobierno vasco, todavía se ponen más en guardia cuando les piden dinero para poner en marcha promociones de arrendamiento protegido. Apenas se había cumplido medio año desde la entrada en vigor del acuerdo financiero y en medios del sector inmobiliario aseguraban que alguna operación de alquiler se había parado en la comunidad vasca al no encontrar crédito. Incluso en los debates del Pacto Social por la Vivienda, celebrados a comienzos del pasado año, se reconocía que había que retocar el convenio a través de una 'addenda' que incluyera «las fórmulas e instrumentos financieros más adecuados» para el mercado protegido.

Por si fuera poco, en los últimos meses, los objetivos del Gobierno de Vitoria para incrementar el parque de alquiler social en Euskadi han sufrido un retraso al frustrarse un plan para iniciar un total de 1.200 pisos de arrendamiento en Bilbao, Barakaldo y el entorno de San Sebastián. En un principio, el Departamento de Vivienda había negociado con varios fondos de inversión para que fueran ellos los que construyeran esas promociones. Luego, el Ejecutivo autónomo dedicaría las viviendas al alquiler social por espacio de 30 años, periodo durante el cual las entidades que habían financiado la edificación percibirían una rentabilidad anual asegurada. Al concluir el plazo, los inmuebles pasarían a ser propiedad del Gobierno vasco.

Sin embargo, esta fórmula de colaboración público-privada no ha podido cuajar porque los cuantiosos fondos que la Administración vasca debía invertir en ella a largo plazo tenían que computarse como deuda, y en estos momentos ese concepto está sujeto a estrechas limitaciones impuestas por el Gobierno central.

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