La Diputación culpa al Gobierno vasco de parar la planta de purines de Carranza

La tensión se mascaba ayer en la comisión de Agricultura de las Juntas Generales. La Cámara vizcaína acogió en una misma sesión varios de los asuntos más polémicos que han salpicado a la institución foral en los últimos meses: la construcción del polígono industrial de Errigoiti, la compra de unos terrenos rústicos en Busturia y Bermeo y la paralización de las obras de la planta de purines de Carranza, que ha entrado en punto muerto con un 30% de la obra ejecutada y tras haberse gastado ya 12 de los 14,5 millones de euros presupuestados para el proyecto.

Este último asunto, adelantado por este periódico, fue el que provocó los principales enfrentamientos entre los partidos. Especialmente entre el PSE (Ejecutivo autonómico) y PNV (Diputación), los dos que ostentan responsabilidades de gobierno. La diputada de Agricultura -cuya comparecencia fue solicitada por toda la oposición- eludió cualquier tipo de responsabilidad de la institución que representa en la polémica. Irene Pardo mantuvo que el responsable «principal» en la paralización de las obras es Lakua por su «falta de cumplimiento» de las «obligaciones» financieras con el proyecto.

Destinada a dar salida a los desechos ganaderos para evitar la contaminación de los pastos, la planta de purines ha recibido ya 12 de los 14,5 millones de las principales instituciones implicadas: el anterior Gobierno vasco (unos 5 millones), la Administración central (4 millones) y la Diputación (2 millones). Los nuevos responsables del Ejecutivo autonómico, sin embargo, decidieron «cerrar el grifo» de las subvenciones cuando el proyecto se quedó «sin fondos», con la obra apenas ejecutada en un 30%, y decidieron encargar estudios de viabilidad de la infraestructura.

Reproches cruzados

En este sentido, Pardo aseguró ayer que el Gobierno foral ha «cumplido» con sus compromisos económicos -dirigidos a la compra de terrenos, los movimientos de tierras y la impermeabilización- y cargó contra el actual Gobierno vasco por no haber pedido antes los estudios de viabilidad. El representante del PSE, Joaquín Colmenero, insistió en que las Juntas están para controlar al Ejecutivo del territorio y propuso que la consejera del Departamento vasco de Medio Ambiente, Pilar Unzalu, comparezca ante la Cámara para que explique lo ocurrido.

El portavoz del PP, Arturo Aldecoa, subrayó que el dinero desembolsado ya supera el coste inicial del proyecto e insistió en que la labor de la Diputación en este asunto no puede limitarse a «mirar unas facturas». «Algo huele mal aquí», lanzó Aldecoa. El juntero de EB José Ferrera pidió a «todas» las instituciones que realicen un seguimiento de las subvenciones que se conceden. Y el representante de Alternatiba, Jonathan Martínez, subrayó que la planta se ha «encarecido» por la «mala gestión» de la promotora, que se quiere «marchar de rositas». Finalmente, PSE, PP, EB y el grupo Mixto apoyaron que comparezca ante las Juntas la consejera Unzalu y también el alcalde de Carranza, José Luis Portillo.