El juez de Castro investiga irregularidades urbanísticas en 630 casas y dos colegios

El número de edificaciones bajo sospecha en Castro se ha incrementado alarmantemente en los dos últimos años. El municipio acumula 630 viviendas y dos colegios con procedimientos jurídicos abiertos. Los ejemplos de actuaciones al margen de la ley abundan: promociones construidas sin licencia, edificios levantados sobre el cauce de un arroyo, en suelo rústico o público... Hasta urbanizaciones cimentadas encima de la autovía.

La investigación de todas estas iniciativas comenzó en 2008 . En esta larga lista de obras ahora paralizadas, el juez detectó indicios de delito contra la ordenación del territorio y del patrimonio histórico, así como de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. También se detectó malversación de fondos públicos, falsedad documental, estafa y destrucción de pruebas.

Precisamente por esta última infracción ingresó en prisión el alcalde de Castro, Fernando Muguruza, en febrero de 2010, al encontrar el juzgado «sospechas de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva al incumplir la medida cautelar adoptada de suspensión de las competencias de urbanismo». Esta detención se enmarcó dentro de las diligencias abiertas en la zona de La Loma tras la denuncia del primer edil de la pedanía de Santullán, Julián Revuelta, por la presunta invasión de suelo rústico y viales públicos. A instancias de la Fiscalía Superior de Cantabria, un juez ordenó la paralización de las obras de 196 chalets y del colegio Menéndez Pelayo.

También fue llamada a declarar la plana mayor del Ayuntamiento de Castro y algunos de los concejales y varios técnicos municipales fueron inhabilitados. Falta de alumbrado, nula limpieza de las calles y mala instalación del cableado son algunas de las múltiples denuncias que los residentes de La Loma han presentado en reiteradas ocasiones. Los afectados poseen, incluso, un informe de Sanidad que advierte de la presencia de contaminación fecal y ausencia de desinfectante en el agua de sus casas,

Pedro Sainz, abogado de los vecinos de la zona, explica que la situación en La Loma es realmente «dramática». Casi 200 hogares incumplen la normativa urbanística vigente al no acometer los promotores sus obligaciones contractuales. «Estas familias están viviendo ilegalmente en sus casas. Tienen sus escrituras porque han formalizado sus contratos con el constructor y con el banco, pero no tienen licencia de primera ocupación, al estar las obras paralizadas». Sainz añade que ahora el problema lo tienen quienes han pagado porque «el promotor no quiere saber nada».

Goteo de procesos

Otro ejemplo del «caos» urbanístico se localiza en el centro de la ciudad, en los alrededores del polideportivo Pachi Torre y Santa Catalina. En febrero de 2009, el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en la actuación urbanística del Ayuntamiento de Castro. Entre ellas, la modificación no autorizada del Plan General de Ordenación Urbana, consistente en la apertura de un vial general sobre suelo destinado a equipamientos públicos. Como consecuencia del estudio, el Juzgado de Instrucción número 2 ordenó a las promotoras Izarra, Urdicam, Promociones Cotolino y Castro Varduliex la paralización de 302 viviendas ante la sospecha de que estuviesen edificadas sobre el cauce de un arroyo.

A partir de ahí, el goteo de procesos judiciales es interminable. A primeros de septiembre, el juez ordenó a la empresa Proconor 2000 detener la construcción de 51 viviendas en la zona de Santa Catalina. Y hace cuatro meses, la empresa Azagra tuvo que abandonar -también por orden judicial- los trabajos de construcción de otros 81 pisos que se levantan a unos metros de la promoción de Proconor 2000, junto al colegio Santa Catalina, que igualmente se vio afectado por las medidas cautelares dictadas.

El magistrado que inició la causa alertó hace un mes en un auto de que las irregularidades urbanísticas que investiga podrían llevar al Ayuntamiento a la quiebra. Ha cifrado en 9,6 millones de euros el perjuicio causado al Consistorio sólo en el caso de La Loma. El auto subraya que la responsabilidad civil para compensar a los compradores de viviendas en esa zona podría superar los 30 millones de euros. Además, avisaba de que, si a esa cantidad se suman las indemnizaciones que podrían derivarse de otras causas abiertas, el gasto total «puede ocasionar la quiebra» del Consistorio.