Paralizan las obras de la planta de purines tras gastar 12 millones

Algo huele a podrido en el barrio Las Torcachas, en Carranza, donde se pretende abrir el ambicioso centro de residuos ganaderos que aspira a ser una referencia a nivel europeo. La construcción de la planta de purines ha entrado en punto muerto, con la obra apenas ejecutada en un 30% y tras un gasto público que ronda ya los 12 millones de euros. La inversión prevista para llevar adelante la fábrica se situó en un principio en torno a los 14 millones. Ante la «gravedad» de la situación, el Gobierno vasco ha encargado una auditoría de las cuentas del proyecto, ha «cerrado el grifo» de las subvenciones que tenía pendientes y ha pedido dos estudios externos para analizar la «viabilidad técnica, económica y ambiental» de la infraestructura, que fue ideada para convertir en energía y fertilizantes los desechos vacunos de la zona, una de las pocas de Vizcaya que ha tenido problemas con el suministro de agua potable.

La promotora de la planta es Karrantzako Minda, integrada de forma mayoritaria por la sociedad de ganaderos Guvac, el Ayuntamiento de Carranza e Iparkutxa. Aunque el proyecto empezó a recibir ayudas públicas en 2004, esta sociedad se creó en 2006. Fue entonces cuando comenzó a recibir numerosas subvenciones a cargo del anterior Ejecutivo autonómico (unos 5 millones), el Gobierno central (4 millones) y la Diputación (2 millones), que se han prolongado hasta hace unos meses. Según consta en una respuesta parlamentaria del Departamento de Medio Ambiente, la sociedad ha cobrado unos 12 de los 14,5 millones de las subvenciones concedidas.

Buena parte de las ayudas millonarias fueron aprobadas por el ex director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Gobierno vasco, Martín Ascacibar, que meses después de dejar el cargo público fichó como consejero delegado por Karrantzako Minda, según los datos que aparecen en el Registro Mercantil.

El proyecto se ha visto salpicado por las dificultades desde el primer momento. Antes del año 2000 ya se debatía la necesidad de instalar un centro que permitiese tratar los desechos vacunos y evitar así la contaminación de los pastos de Carranza, un valle con una importante presencia de cabaña ganadera. Pero no fue hasta 2004 cuando empezaron los trámites necesarios para convertir el proyecto en realidad. Se marcó entonces en el calendario el año 2008 para su entrada en funcionamiento. Tras descartarse varios emplazamientos por problemas de todo tipo, las obras en el barrio de Las Torcachas no comenzaron hasta «finales de 2009» o «principios de 2010».

La ejecución de la infraestructura, sin embargo, apenas ha tardado unos meses en detenerse en seco. De hecho, en el solar no quedan ya máquinas ni casetas para los trabajadores. Según fuentes cercanas a la obra, los «problemas para pagar a las subcontratas» no tardaron en aparecer, hasta que se llegó a un punto en el que el proyecto se quedó «sin fondos».

Ante esta situación, el Gobierno vasco solicitó diversa información a la sociedad promotora, según explican fuentes del Departamento de Medio Ambiente. Los datos aportados, sin embargo, evidenciaron «importantes contradicciones» en torno al futuro de la planta y se detectaron indicios de que la infraestructura podía, además, tener «problemas con la impermeabilización y con una posible afección medioambiental».

«Cerrar el grifo»

A la espera de que Neiker y la UPV concluyan los estudios encargados para examinar la «viabilidad» del proyecto, las primeras conclusiones de los técnicos ya indican que se ha aportado dinero público a una iniciativa «poco definida» y con muchas «lagunas» en su planteamiento, en la que «no se han tenido en cuenta» elementos «imprescindibles» para su desarrollo.

El Gobierno vasco, añadieron las mismas fuentes, ha «cerrado el grifo» de las ayudas de momento, pero no tomará una decisión definitiva sobre la planta hasta conocer los estudios. Ahora bien, los medios consultados en la consejería que dirige Pilar Unzalu contemplan la posibilidad de que, dada la «gravedad» de lo ocurrido, la decisión final del Ejecutivo pase por no retomar la ejecución de las obras del equipamiento.