Nuevo revés para los pisos de Aieri

Los planes de la gestora de Ondarroa para construir cerca de medio millar de viviendas de promoción pública en Aieri han sufrido un nuevo revés judicial. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -TSJPV- ha desestimado el recurso del Consistorio y ha decretado la suspensión definitiva del plan especial de la zona. El Ejecutivo ondarrés recurrió en septiembre pasado la resolución de la sala de lo contencioso administrativo que, en sintonía con los argumentos expuestos por grupos ecologistas como Eguzki, Aieri Zaindu, Ekozain y Berdeak y formaciones como Aralar, paralizó el ambicioso proyecto urbanístico previsto en este área.

El fallo apuntaba que la calificación correcta de los terrenos debe ser de suelo no urbanizable en lugar de urbano, como aprobó el Consistorio en las Normas Subsidiarias de 1993. Además, recalcaba que tiene que estar sujeto a un régimen específico de protección por tratarse de un LIC -Lugar de Interés Comunitario-. «Los perjuicios que se causan son evidentes y derivan del impacto de la construcción de 480 viviendas y de su urbanización, que, de llevarse a cabo, generaría daños irreparables en un espacio de interés ecológico», recoge el auto.

Silencio municipal

El plan especial de Aieri contempla destinar a viviendas de protección el 88% de los pisos proyectados -14.770 metros cuadrados-. La comunicación viaria, los equipamientos y servicios se llevarían el 6,3%, mientras que el resto, alrededor de 110.000 metros cuadrados, se repartirían entre el humedal, lugares de esparcimiento y zonas verdes. En su recurso, la gestora esgrimió las opiniones favorables al proyecto emitidas por los gobiernos vasco y central, así como por la Diputación, además de recalcar la existencia de la obligatoria evaluación conjunta de impacto ambiental y los informes de sostenibilidad.

Asimismo, trató de hacer valer la recuperación ambiental diseñada para Aieri con la regeneración de terrenos ganados a la ría Artibai y medidas para proteger la flora y fauna existente. No obstante, el TSJPV ha rechazado esos argumentos. El presidente de la gestora, Félix Aranbarri, anunció ayer que la comisión que dirige el Consistorio no realizará valoraciones sobre la resolución judicial que ha paralizado un proyecto cuyo coste estimado asciende a 82 millones de euros.