La plantilla de ETB acusa a Urgell de difamación y de «ocultar» la verdad

Las aguas continúan revueltas en EiTB, embarrancada desde hace meses en una doble crisis producida por el cambio político y por la progresiva pérdida de audiencia de sus dos canales televisivos. El último episodio de la polémica viene coleando desde el 25 de octubre, a cuenta de la información emitida con motivo del aniversario del Estatuto de Gernika. Ayer, los trabajadores del ente remitieron una carta abierta a la consejera de Cultura, Blanca Urgell, en la que le acusan de «sumarse y alentar la campaña de difamación contra los profesionales de ETB atribuyéndoles falsedades y un comportamiento deshonesto».

Ésta era la respuesta, redactada por el Consejo de Redacción provisional y suscrita por el comité de empresa de Euskal Telebista, a la comparecencia de Urgell el 19 de noviembre en el Parlamento vasco a petición de EA, para que explicara la amonestación a dos redactoras por negarse a asumir la autoría de la noticia sobre la efeméride que intentó imponer, según los trabajadores, el jefe de Política. La consejera negó entonces pretensión alguna de censura -indicó que simplemente se facilitó a una de las redactoras un borrador de guión-, precisó que a las dos profesionales no se les ha abierto expediente disciplinario, sino que se les ha «apercibido» y, finalmente, denunció la existencia de una campaña de «acoso y derribo» contra EiTB.

En su carta abierta a Urgell, los trabajadores de la televisión pública mantienen su versión sobre el intento de imposición de la noticia, para lo que exponen la secuencia de los hechos; y subrayan que si la sanción se vio reducida a un apercibimiento fue por lo «injustificado» de la medida y «sobre todo, por la presión ejercida por toda la plantilla de EiTB».

Asimismo, sostienen que desde el inicio de esta polémica la dirección del ente ha iniciado «una campaña de difamación contra sus propios profesionales atribuyéndoles determinadas filiaciones ideológicas o políticas en connivencia con intereses externos».

La plantilla denuncia además la situación de «imposición y represalia», alimentada según dice por la eventualidad contractual, y advierten a la consejera de que «ocultar o tergiversar la realidad enquista los problemas y dificulta la búsqueda de soluciones».