Errigoiti desoye a la Agencia Vasca del Agua

El proyecto del polémico polígono industrial de Malluki, donde se pretende construir una planta de biomasa forestal, no deja de acumular polémicas. El Ayuntamiento de Errigoiti emitió el pasado viernes un comunicado en el que anunciaba que la Agencia Vasca del Agua (URA) había dado carpetazo al expediente abierto en junio al Consistorio por iniciar la construcción de los accesos a este complejo sin los permisos necesarios. El alcalde, Iñaki Madariaga, llegó a expresar su agradecimiento a los representantes institucionales por «su paciencia y buen hacer» en la tramitación de estos documentos y cargó contra los «opositores» a este proyecto. «Ni pidiendo disculpas tendrán justificación del mal causado», dijo.

Pues bien, ayer portavoces del organismo dependiente del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco desmintieron de forma «rotunda» que URA haya decidido archivar este expediente. «No existe ninguna intención de cerrar el sumario», puntualizaron, antes de recalcar que un Juzgado de Gernika ya ha abierto diligencias por este caso.

El conflicto se originó el pasado mayo. URA ordenó la paralización «inmediata» de las obras del polígono, situado en el barrio de Olabarri, mientras el Consistorio «no cumpla con los trámites administrativos». Lejos de acatar el mandato, el Ayuntamiento siguió adelante con el plan que se desarrolla en el entorno del río Butrón, hábitat del visón europeo, una especie protegida. Tras dos requerimientos en idéntico sentido, la Agencia decidió incoar el expediente. Fuentes del Gobierno vasco explicaron entonces que seguían «sin cumplirse los requisitos, ya que toda la zona donde se está realizando es susceptible de ser inundable».

Proceso judicial

Las obras, sin embargo, no se han detenido «en ningún momento». Este proyecto se ha topado «desde el primer momento» con un fuerte rechazo de la plataforma vecinal Errigoiti-Arrieta Garbi. Este grupo, que ha protagonizado sonoros enfrentamientos con el alcalde, también ha recurrido a los tribunales para frenar una infraestructura que, a su juicio, mermará la calidad del aire y producirá daños «graves» en el medio ambiente de la zona.

Estas denuncias han recibido el respaldo de partidos políticos tan dispares como el PP y Aralar. Los populares llevaron el expediente a la Fiscalía y la formación de la izquierda abertzale se ha personado como acusación particular en el proceso judicial abierto por el grupo de vecinos, además de presentar un recurso administrativo que fue rechazado por la Diputación. Por último el PSE ha solicitado la comparecencia de la diputada de urbanismo, Pilar Ardanza.