Bilbao destapa en 6 meses a tantos defraudadores de ayuda social como en 2009

El clamor popular ante la existencia de gente que se beneficia de las ayudas sociales sin realmente necesitarlo no era infundado. El Ayuntamiento de Bilbao ha cogido el testigo de estas sospechas ciudadanas y, sólo con rascar un poco en la superficie de la sociedad de la villa, está destapando una bolsa de fraude entre los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos que no deja de crecer. Las investigaciones realizadas por la institución local así lo corroboran. En el primer semestre del año ya se ha retirado el cobro de esta prestación económica a 249 vecinos. Apenas seis menos que el balance de casos destapados en todo 2009.

El concejal de Acción Social, Ricardo Barkala, insistía ayer en subrayar que «la gran mayoría de las ayudas sociales están bien concedidas, porque la gente las necesita, y los que defraudan son una minoría». Y, si bien es verdad que hasta el momento esta estafa apenas representa el 1,5% de los 16.356 expedientes que el departamento bilbaíno tramita a la Diputación - «que paga las mensualidades con el dinero que le transfiere el Gobierno vasco»-, lo cierto es que la unidad municipal de Negociado de Control e Inspección está viendo multiplicado su trabajo. En los dos primeros años de funcionamiento de este servicio había analizado 1.651 posibles irregularidades que desembocaron en 328 suspensiones. Entre enero y junio, sin embargo, ha iniciado las pesquisas para esclarecer otras 1.245 denuncias de fraude.

El trabajo de este equipo, integrado por ocho profesionales y tres policías locales, se torna a veces excesivamente laborioso. Hay que escrutar miles de documentos e incluso realizar funciones detectivescas que en ocasiones obligan a seguir a los sospechosos fuera de Vizcaya. Esta es una de las principales razones por las que hasta la fecha sólo se hayan podido resolver 669 de estas presuntas estafas a las arcas públicas. Apenas la mitad de los casos sobre la mesa, pero con unos resultados contundentes. Únicamente 188 expedientes han quedado libres de toda sospecha. Las denuncias en este caso eran infundadas. En el resto, sin embargo, las irregularidades eran ciertas, al menos en parte. Al margen de las 249 suspensiones, a otras 54 personas se les ha obligado a reducir la cuantía de su renta, ya que «nos ocultaban diversos ingresos». El 26,6% restante obedece a casos muy diversos, que van desde el incumplimiento del régimen de la pensión alimenticia de los hijos a utilizar las ayudas de forma inadecuada -juego, drogas o envíos del dinero al extranjero-.

175.000 euros al mes

Este celo municipal por «legitimar el conjunto de las políticas sociales» a través de la persecución del fraude tiene una evidente traducción en números. Las arcas públicas, que invierten 8,5 millones de euros mensuales en la renta de garantía de ingresos en Bilbao, se ahorran 175.000 euros al mes al dejar de abonar las prestaciones a los 249 estafadores. Es más, con 92 de ellos ha iniciado los trámites para exigirles la devolución del importe recibido de manera indebida. «Esta posibilidad no se da en todos los casos porque necesitamos tener muy atadas las pruebas, demostrar con papeles desde cuándo nos engañan, ya que el afectado siempre recurre», subrayó Barkala.

El edil, en cualquier caso, señaló que el Ayuntamiento no trabaja solo en esta labor fiscalizadora. Y agradeció la cada vez mayor implicación ciudadana. De las 1.245 denuncias de fraude recibidas en el primer semestre del año, 243 fueron presentadas por los propios vecinos, «el doble que en todo 2009».

El perfil del denunciante, en este sentido, sorprende por su cercanía al defraudador. Según el propio Barkala son, «casi en su totalidad, compatriotas de los denunciados, sean o no inmigrantes, y personas cercanas -familiares en muchas ocasiones-, que conocen con detalle las irregularidades». Los primeros en percatarse de si una persona vive por encima de sus posibilidades a pesar de que cobran ayudas sociales, o quienes mejor ven «cosas raras como que visten con ropa de marca o que tienen un coche 'majo'».

Convenios de inserción

Al margen de su actividad sancionadora, el área de Negociado de Control e Inspección del área de Acción Social está realizando una importante labor en la búsqueda de empleo de estas personas. En este semestre derivó a la Unidad Técnica de Inclusión Social a 237 personas, «de las que 142 ya han firmado convenios de inserción». 413 bilbaínos están acogidos a este compromiso de orientación laboral mientras reciben las ayudas sociales, si bien el Ayuntamiento ha solicitado que se les retiren a 73 por incumplir las obligaciones adquiridas.

Con todo, Ricardo Barkala solicitó ayer al Gobierno vasco más y mejores herramientas para luchar contra el fraude de las ayudas sociales. Una prioridad en unos tiempos de crisis en los que las necesidades no paran de crecer. El concejal de Acción Social recordó que, en lo que va de año, ya han aumentado en 1.150 personas los perceptores de la renta de garantía.