La abstención del PNV y CiU permite al Gobierno sacar adelante la reforma laboral

Los nacionalistas vascos y los socialistas pactan que la previsión de pérdidas sea considerada una causa de despido objetivo

ELISA GARCÍAMADRID.
Los diputados Gaspar Llamazares (IU), Emilio Olabarria (PNV) y Joan Tardá (ERC) charlan mientras esperan a que empiece la reunión de la comisión de Trabajo. ::                             EFE/
Los diputados Gaspar Llamazares (IU), Emilio Olabarria (PNV) y Joan Tardá (ERC) charlan mientras esperan a que empiece la reunión de la comisión de Trabajo. :: EFE

El PSOE se quedó ayer solo para sacar adelante su reforma laboral. Las abstenciones de CiU y PNV permitieron que la norma continúe su tramitación parlamentaria, especial y de urgencia, para que la ley entre en vigor a primeros de septiembre. El texto se votó en comisión para su traslado al Senado. Los 18 diputados socialistas dieron su sí, mientras que los 16 del PP, el de IU-ERC-ICV y el del grupo mixto votaron en contra, lo que produjo un empate.

Al final, la reforma salió adelante gracias al pacto alcanzado entre socialistas y nacionalistas vascos, que permitió la inclusión de una enmienda transaccional en la que se precisan las causas económicas para el despido objetivo de 20 días de indemnización por año trabajado. Tras el acuerdo, el texto aprobado contempla la rescisión objetiva del contrato si existen en la empresa en cuestión «pérdidas actuales o previstas», o si hay una «disminución persistente del nivel de ingresos».

Sus señorías tuvieron que recurrir al llamado 'voto ponderado' -es decir, a la correlación de fuerzas en el Congreso- para que la reforma laboral pudiera continuar su camino parlamentario. Así no hubo problemas, puesto que el PSOE con sus 169 escaños es el partido mayoritario en la cámara.

Una jornada caótica

La jornada parlamentaria fue caótica. Los portavoces más antiguos insistían en que nunca habían vivido semejante desconcierto. Hubo réplicas y contrarréplicas entre los diputados, y acusaciones de que los documentos a debatir no eran los apropiados.

Fue Carles Campuzano, de CiU, quien dio la voz de alarma. Avisó de que el PSOE había introducido en el texto remitido a la comisión sus 17 enmiendas transaccionales sin que fueran aprobadas por los grupos. Desde las filas socialistas se resaltó que CiU estaba muy contrariada por el rechazo de uno de sus cambios planteados. En concreto, la formación catalana pretendía que la variación de las condiciones laborales en una empresa corra a cargo de los responsables de la propia compañía; si los trabajadores no estaban de acuerdo con las modificaciones adoptadas, les correspondería a ellos acudir a los tribunales.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, resumió lo ocurrido con ironía. Aseguró que la situación era la consecuencia de ciertas negociaciones «entre bambalinas» que se han arrastrado desde hace semanas, en alusión a los «coqueteos» que los socialistas habían mantenido con los parlamentarios de CiU.

Después de nuevos recesos, reuniones y conversaciones inhabituales en la cámara, el PSOE presentó otras enmiendas transaccionales, al parecer negociadas con el PNV y con CiU a cambio de que ambos grupos se abstuvieran en la votación, lo que les permitiría ganar a través del voto ponderado. Si las fuerzas nacionalistas hubieran rechazado la posición del PSOE, el proyecto habría concluido ayer su tramitación parlamentaria en comisión. O lo que es lo mismo, la norma no habría prosperado.

El paso del texto de manera abreviada y rápida por las cámaras (todavía queda el Senado) ha evitado el pronunciamiento de los diputados en el pleno, y también de aquellos representantes socialistas procedentes de la UGT molestos con la forma y el fondo de la reforma laboral decretada.

Uno de los capítulos más polémicos del proyecto es el que se refiere a las causas del despido objetivo económico. A última hora, el PSOE, que había sido partidario de que entre los motivos para la expulsión justificada de los trabajadores figurara la caída relevante de beneficios y la falta de liquidez, varió su postura. Eliminó ambas razones y, tras el pacto con el PNV, introdujo «la disminución persistente de su nivel de ingresos que pueda afectar a la viabilidad de la empresa o a su capacidad de mantener el volumen de empleo».

Para el diputado del PNV Emilio Olabarria, el proyecto del Gobierno y su tramitación rápida en las Cortes equivale a «una indigestión». Comentó que si lo aprobado responde a lo que piden los mercados, es lamentable que se conformen con procedimientos semejantes.