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JAVIER MUÑOZ jmunoz@diario-elcorreo.com
Lunes, 12 de julio 2010, 12:24
El Gobierno vasco ha aceptado quedarse con 2.000 viviendas de alquiler social que ahora son gestionadas por Alokabide, una sociedad en la que participan a medias la Administración autónoma y las cajas de ahorro (BBK, Kutxa, Vital y Laboral). Según explicó el Departamento de Vivienda, esos pisos tendrían que venderse con calificación protegida dentro de quince años; sin embargo, para facilitar que continúen en el futuro dentro del arrendamiento público, la consejería de Iñaki Arriola ha decidido que Alokabide sea absorbida por la Sociedad Pública de Gestión de Viviendas de Alquiler (SPGVA), otra entidad que se ocupa del programa Bizigune y cuyo capital es íntegramente público.
Con esa modificación, recogida en un decreto publicado en junio pasado, la Administración vasca será la única que decidirá si los inmuebles de Alokabide se acaban vendiendo o no. Pero, a corto plazo, la reforma tendrá más consecuencias para el Ejecutivo de Patxi López: al sumar los pisos de Alokabide y los que ya gestiona directamente a través de la SPGVA, concentrará más de la mitad del alquiler social de Euskadi; es decir, gestionará en solitario, con sus correspondientes exigencias de gasto público, unas 9.000 viviendas sobre un total de 17.000 (el resto es de los ayuntamientos y el sector privado).
Tras la absorción de Alokabide, el parque de la SPGVA se dividirá en dos partes. Por un lado, están los 4.500 inmuebles vacíos del programa Bizigune, que han sido arrendados a particulares para adjudicarlos a personas apuntadas en Etxebide, cobrándoles una renta asequible. Por otro lado, estarán los 2.000 pisos de Alokabide que, sobre el papel, podrían pasar al régimen de propiedad dentro de tres lustros. Pero a estos últimos hay que añadirles otras 2.500 viviendas de la misma entidad que también están arrendadas a precios baratos.
Endeudamiento
La consejería que dirige Iñaki Arriola negocia con las cajas vascas la suma que estas recibirán para saldar su participación en Alokabide, hecho que se produce cuando los niveles de endeudamiento público -y el alquiler exige muchos- se han visto restringidos por la crisis. Y que coincide con la nueva legislación que obligará a las cajas españolas a despolitizarse y a poner el énfasis en la rentabilidad. El acuerdo no se ha cerrado, pero fuentes del Ejecutivo explicaron que la suma que se baraja es muy inferior a las inversiones que las entidades financieras vascas invirtieron en su día para construir promociones de alquiler social (unos 130 millones de euros).
En medios del sector aseguran que, en la coyuntura actual, las entidades crediticias se muestran reticentes a destinar dinero a las promociones de arrendamiento protegido. Alguna operación ha llegado a frustrarse, a pesar de que las condiciones financieras ya están fijadas de forma genérica en un convenio presentado en enero pasado por el Ejecutivo vasco y los bancos y cajas. Ese documento establece que el promotor obtendrá préstamos para edificar pisos de alquiler público pagando el euríbor más un diferencial de entre el 1% y el 1,8%.
En realidad, siete meses después de que cláusulas como esa entraran en vigor, la posibilidad de que sean modificadas ya está prevista en el Pacto Social por la Vivienda, otro texto presentado en junio pasado por el consejero Iñaki Arriola, los constructores, las entidades crediticias y los agentes sociales. El retoque se realizaría incorporando al convenio financiero de enero una 'addenda', en la que figurarían «las fórmulas e instrumentos financieros más adecuados» para poner en marcha las promociones públicas.
Precisamente, el Pacto por la Vivienda apuesta por edificar promociones protegidas en colaboración con firmas privadas que no tienen por qué ser bancarias, sino grupos de inversores y fondos de pensiones . De hecho, el Gobierno vasco ultima acuerdos de ese tipo para promover pisos de alquiler social mediante concesiones a 30 años.
Durante ese tiempo, los inversores percibirán una rentabilidad anual de la Administración autónoma. Cuando expire el contrato, los inmuebles pasarán al parque protegido permanente de Euskadi. El Departamento de Vivienda ha dado luz verde para edificar por ese procedimiento unos 1.200 pisos de alquiler social en Bilbao, Barakaldo y el entorno de San Sebastián.
De forma paralela, la consejería tratará de obtener ingresos para impulsar directamente el arrendamiento vendiendo a los adjudicatarios de pisos protegidos en derecho de superficie (por 75 años) la propiedad plena del inmueble, un proceso que se realizará de forma escalonada y afectará a 22.000 viviendas.
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