Un reconocimiento equitativo y plural de las víctimas

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                             JOSÉ IBARROLA/
:: JOSÉ IBARROLA

Afinales de junio, por mandato del Parlamento vasco de 22 de diciembre de 2009, debería haberse presentado una continuación del 'Informe de víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política'. Este Informe se elaboró en junio de 2008 y supuso un primer intento serio por girar la mirada a todas esas personas que murieron asesinadas o resultaron gravemente lesionadas por atentados, secuestros, abuso de poder, violaciones sexuales, torturas… llevados a cabo por agentes policiales o grupos para-policiales, ultras, incontrolados… Una realidad que desconocemos más allá del rifirrafe político, que carece de registro oficial, que durante décadas se ha seguido negando por algunos y cuyas víctimas han sido sometidas al olvido institucional con una falta evidente de reconocimiento o han sido objeto de manipulación política.

Estas víctimas llevan esperando décadas a que se tomen en serio las violaciones de derechos humanos que sufrieron. Mientras, han vivido todo este tiempo sin un reconocimiento social de los hechos, de la responsabilidad del Estado o de su impunidad posterior.

Además de esta falta de reconocimiento oficial, muchos de esos hechos no contaron con una investigación judicial acorde a su gravedad. La Administración de Justicia, en la mayoría de los supuestos, o no inició actividad alguna o, si la hubo, fue parcial y muy deficiente. Hasta la actualidad, en numerosos de esos casos no se ha realizado ninguna investigación independiente. Todo está por hacer: aclarar qué pasó, establecer responsabilidades y promover una reparación. Para ello resulta imprescindible un discurso público que asuma, antes que nada, la implicación y responsabilidad del Estado, y sea creíble y eficaz con las víctimas en términos del discurso simbólico y de las políticas públicas que deben desplegarse. La reciente resolución del Gobierno de Gran Bretaña respecto de la represión del Domingo Sangriento en Irlanda del Norte ofrece un ejemplo cercano de lo saludable que es además para la democracia dicho reconocimiento. Hacerlo así no significa igualar los procesos que han llevado a la victimización, ni a los perpetradores, ni mucho menos justificar cualquier tipo de actuación violenta.

Hasta hoy las políticas de víctimas en Euskadi no responden a un criterio de equidad: a igual violación la misma reparación o reconocimiento. Las víctimas de ETA cuentan con un marco legal estatal y autonómico que recoge sus derechos y que impulsa también un discurso público de reconocimiento y reparación. Sin embargo, aquellas 'víctimas del terrorismo' que no es el de ETA no han recibido el mismo tratamiento. En muchas ocasiones los tribunales han hecho interpretaciones restrictivas, negándoles la condición de víctimas, o sólo reconociéndolas como tales después de una interminable batalla judicial, como en el caso de Normi Menchaca (santurtziarra muerta por disparos en una manifestación en 1976), aumentando injustamente su discriminación y sufrimiento. Otras muchas no han tenido fuerzas o apoyo para hacerlo, pero se encuentran en la misma situación. El discurso público, además, las ha relegado de la memoria, las formas de reconocimiento o los homenajes oficiales.

Incluso los propios conceptos que se usan para definir las violaciones de derechos humanos están sometidos a restricciones y falta de reconocimiento. Por ejemplo, en muchos casos la condición de víctima del terrorismo depende de que los perpetradores hayan actuado de forma clandestina o lo hayan hecho con uniforme. El problema de estas categorías no es el análisis que cada quien quiera hacer de las mismas o el juicio histórico que merezcan según la ideología, sino que conllevan consecuencias negativas y discriminatorias para muchas víctimas. Los derechos que se les deben, y que vienen marcados por el derecho internacional de los derechos humanos, no encuentran en las leyes actuales una traducción cabal sino un tamiz que genera categorías de mejor y peor condición, con prestaciones y discursos de reparación que se basan más en la categorización que en el reconocimiento de los hechos. Esta asimetría es injusta, para las víctimas directas y sus familiares, y tiene implicaciones colectivas porque perpetúa heridas que no permiten ir reconstruyendo nuestro tejido social.

Una política pública e incluyente de víctimas debe responder no sólo a una demanda siempre postergada de reconocimiento a unas víctimas para que deje de llamárselas 'las otras víctimas'; además debe ser una contribución al respeto de los derechos humanos y a la reconstrucción social.

Volver a dejar las cosas en la discriminación y en la falta de reconocimiento, o encerrarse en los esquemas excluyentes, o limitarse a los casos que tengan una sentencia judicial reproduciría de nuevo la marginación de las víctimas. Como ya sucede en la minoría de casos de tortura que han contado con investigación judicial efectiva o una determinación de responsabilidades individuales, la reparación se ha establecido con el baremo de los accidentes de tráfico y no con estándares de derechos humanos. No dejemos que este legado de injusticia forme parte de nuestra historia. Cientos de personas que resultaron víctimas de violaciones de derechos humanos esperan y merecen una respuesta digna en la que ellas y ellos sean el centro, y no las preocupaciones políticas de este o aquel partido político.

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