Crecen un 30% los menores vascos condenados por agredir a sus padres

El Departamento de Justicia expresa su preocupación por los 80 adolescentes castigados en 2009 por violencia familiar

JAVIER MUÑOZBILBAO.
Un ertzaina introduce a un menor esposado en un coche patrulla en Bilbao. ::                             LUIS CALABOR/
Un ertzaina introduce a un menor esposado en un coche patrulla en Bilbao. :: LUIS CALABOR

Las medidas judiciales impuestas a menores vascos por agredir a sus padres aumentaron un 30% durante 2009 hasta sumar 80 casos. El viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, expresó ayer la preocupación del Gobierno vasco y también de los jueces y fiscales por la evolución de esos delitos, que no han dejado de incrementarse en Euskadi desde 2004, cuando se contabilizaron 31 adolescentes condenados por violencia en el seno de la familia. A su modo de ver, el fenómeno está ligado a la existencia de «un déficit de valores en la sociedad».

El País Vasco no es la única comunidad donde los juzgados se encuentran con un número creciente de conflictos filioparentales. A finales del pasado año, la fiscala de la Sala Coordinadora de Menores del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, alertó de que las denuncias presentadas en España por padres y abuelos contra sus hijos o nietos se han duplicado entre 2007 y 2009, pasando de 2.000 a 4.000. Los adolescentes violentos, añadió la representante del ministerio público, están dejando de ser en su mayoría varones, como ocurría hace años, ya que el 40% de los casos son protagonizados por chicas que no pueden controlar su agresividad. Madrigal aconsejó a los fiscales a actuar con una sensibilidad especial en esas situaciones, pues los progenitores «están cargados de emociones y se sienten sobrepasados e impotentes», mientras que los chicos denunciados «tienen un discurso poco racional».

El Servicio de Justicia Juvenil del Gobierno vasco ha avisado de que la violencia intrafamiliar crece sin cesar en Euskadi -las madres son las que sufren más frecuentemente la agresividad de los hijos-, si bien los casos son reducidos si se comparan con todas las medidas que los jueces de menores dictan cada año en la comunidad (1.240 en 2009). Los expertos creen que no se debe sobredimensionar el problema, sino analizarlo de forma exhaustiva, ya que así será posible ayudar a las familias que no pueden manejar a los hijos.

Salto espectacular

Las condenas impuestas por los jueces de menores por agresiones de hijos a padres experimentaron un salto espectacular en Euskadi entre 2004 y 2005, aumentando de 31 a 50. La situación se estabilizó relativamente entre 2006 y 2007, cuando se registraron 55 y 49 casos, respectivamente. No obstante, las medidas judiciales volvieron a incrementarse de forma significativa en 2008 (61 menores castigados, de los cuales una veintena eran chicas). El año pasado no hizo sino confirmarse la tendencia al contabilizarse 80 medidas judiciales por violencia intrafamiliar.

Un estudio del Departamento de Justicia -realizado a partir de las agresiones juzgadas en Euskadi entre 1999y 2006-, reveló que en muchas ocasiones los menores que acaban ante el fiscal suelen ser muchachos que han presenciado actos violentos o que los han sufrido en su propia carne. También es muy común que vivan con un padre o una madre divorciados. Por regla general, suele tratarse de los hermanos o hermanas mayores, que han desbordado la autoridad del progenitor y que se han hecho con el control absoluto de la casa. Los padres, por norma general, les han sometido ha tratamiento psicológico, pero no han tenido ningún éxito.

El informe, dirigido por la profesora Izaskun Ibabe, indica que los actos de violencia familiar tienen como protagonistas a jóvenes de estratos sociales más altos que los menores condenados por hurtos o destrozos. Psicológicamente, son personas con una pobre imagen de sí mismas, a las cuales les resulta difícil ponerse en el lugar del otro. Carecen de autonomía personal, son muy dependientes y reaccionan con impulsividad.

En 2007, los jueces de menores del País Vasco ordenaron el internamiento de ocho muchachos por agredir a sus progenitores y la libertad vigilada de otros 26. Los servicios sociales de las Diputaciones actúan conjuntamente con los hogares afectados para intentar reconstruir las relaciones afectivas entre sus miembros, una tarea que no es sencilla y ocupa varios meses de intenso trabajo. Según explicaron en la Dirección de Ejecución Penal del Gobierno vasco, el 75% de esos expedientes concluyen de forma satisfactoria. Es decir, el joven irascible no repite la conducta delictiva al menos en los tres años siguientes a la intervención de las instituciones.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos