El PNV alavés apostó por el oscuro plan de Zambrana pese al 'no' del Gabinete Ibarretxe

Cualificados dirigentes, cargos públicos y militantes del PNV, sobre todo de Álava, se implicaron a fondo durante más de cuatro años para lograr una más que dudosa macrorrecalificación de terrenos en Zambrana, una pequeña localidad de 350 habitantes, estratégicamente situada a 33 kilómetros al sur de Vitoria. Y lo hicieron, según ha podido saber ahora EL CORREO, pese a que el Gobierno vasco de Juan José Ibarretxe consideró la operación de dudosa legalidad casi desde el primer momento.

El porqué es aún una pregunta sin respuesta. El juez de Vitoria Roberto Ramos, que intenta desentrañar la presunta trama de corrupción en la que están supuestamente implicados conocidos responsables jeltzales, tiene en sus manos una denuncia anónima, incluida en el sumario del 'caso De Miguel', que parece sugerir que se investigue la eventual existencia de alguna relación entre el 'caso Zambrana' y la financiación de la nueva sede central del PNV en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria. Eso sí, no aporta prueba directa alguna que cuestione la plena limpieza de esta operación.

Como ya desveló este periódico, el Ayuntamiento de Zambrana, dirigido entonces por la peneuvista Justi Angulo -esposa del ex portavoz jeltzale en las Juntas Generales de Álava y hasta hace escasas semanas miembro del ABB, Miguel Ángel Redondo- contrató en 2004 a la empresa Sidepur, del nacionalista Iosu Arruti, para que propiciara el desarrollo industrial del municipio. El empresario captó a un potente grupo inversor catalán, Riera Urbanizer, para liderar la operación.

Riera se volcó y en pocas semanas invirtió casi 5 millones de euros (840 millones de las antiguas pesetas) en hacerse con opciones de compra por 968.000 metros cuadrados de terreno en un emplazamiento estratégico, entre el Ebro, la A-68 y la nacional 124, a escasos kilómetros de Vitoria y de Miranda de Ebro. Arruti y cualificados interlocutores del PNV alavés del entorno directo de su presidente, Iñaki Gerenabarrena, 'garantizaron' a los inversores catalanes que el suelo se recalificaría en industrial, lo que permitiría el asentamiento en él de empresas, disparando así su valor. Al frente de la oficina de Riera en Vitoria se contrató a otro conocido cuadro jeltzale: el ex alcalde de Ondarroa Aitor Maruri, amigo de Arruti y de los burukides actualmente imputados por corrupción Alfredo de Miguel y Aitor Tellería.

¿Quién está detrás?

Pero Riera Urbanizer se llevó muy pronto su primera sorpresa desagradable. Según las investigaciones realizadas por este periódico, los catalanes ofrecieron al entonces director general de Sprilur, Antton Zubiaurre -detenido el viernes por supuesto espionaje- que la sociedad entrara en el proyecto y se quedara con parte del futuro polígono. La respuesta fue negativa.

Los máximos responsables técnicos de la sociedad pública juzgaron «brutal» el volumen de terreno que se pretendía recalificar y alertaron a sus jefes de los importantes obstáculos legales existentes para que el plan recibiera el plácet medioambiental. Eso sí, uno de esos técnicos llegó a admitir que su opinión podía carecer de relevancia si ya se había decidido iniciar la tramitación. Y se interrogaba sobre la identidad de la importante persona que lo había decidido y «la intención última de la reclasificación».

Descartado el sector público, Arruti se volcó en buscar empresas interesadas en asentarse en el futuro polígono. Mientras, De Miguel y el PNV alavés -una vez alcanzado un acuerdo con el nuevo alcalde independiente de Zambrana por el que el futuro polígono tendría la mitad de tamaño y sólo albergaría empresas limpias- ponían en marcha dos vías paralelas, ya adelantadas por este diario, para lograr la recalificación del terreno.

Bioetanol y biodiésel

La inquietud de Riera iba en aumento a medida que pasaba el tiempo y sus interlocutores no lograban ni legalizar el polígono ni se concretaba la instalación de empresas en él para rentabilizar su inversión. Según la documentación a la que ha podido acceder EL CORREO, Arruti dio cuenta al grupo catalán del resultado de sus gestiones en mayo y en noviembre de 2008.

El responsable de Sidepur informó que disponía hasta ese momento de media docena de proyectos interesados en desarrollarse en Zambrana. Entre sus promotores, la empresa catalana Prograig -de cuyo accionariado forma parte él mismo- o Biocombustibles del Puerto de Bilbao. El tipo de industrias, pese a lo presuntamente pactado con el nuevo alcalde independiente de Zambrana, Aitor Abecia, eran plantas de producción de bioetanol, biodiésel o de fragmentación de vehículos. El precio de venta apalabrado: entre 115 y 120 euros el metro, diez veces el valor de compra.

Un negocio redondo... si hubiera prosperado. El PNV alavés consiguió que la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco diera su plácet ambiental al plan con los votos a favor del PNV, en contra de EA y la abstención de EB, y desautorizando a los técnicos. No sirvió de nada. El PSE llegó el pasado año al poder y advirtió que jamás visaría el proyecto. Entonces, la Diputación alavesa dió un giro absoluto y rechazó la recalificación, aunque lo hizo fuera de plazo. La empresa ha recurrido y ahora serán los tribunales quienes decidan. En juego, una inversión ya realizada que, se dice, supera de largo los 7 millones.