El ex director de Pastguren elude culpas en los vertidos al Cadagua

El Juzgado de lo Penal número 2 de Barakaldo celebró ayer la vista oral por un presunto delito ecológico contra el medio ambiente del que se responsabiliza al ex director de la papelera Pastguren de Zalla, Antxon Perea Ruíz de Larramendi. La titular de la sala deberá ahora determinar si acepta la petición de la Fiscalía de condenarle a dos años de prisión o, como aboga la defensa del acusado, firma su absolución al entender que no tuvo responsabilidad en los vertidos al río Cadagua objeto de enjuiciamiento, que se registraron entre los meses de agosto y septiembre de 2005. En opinión del propio inculpado, no le correspondía a él adoptar las medidas correctoras para evitar estas filtraciones al cauce fluvial; se trataba de una competencia de los «superiores» de la compañía, enfatizó.

La distancia entre ambas argumentaciones tiene su explicación en las diferentes interpretaciones realizadas sobre los episodios contaminantes. Entre ellas destacan la del ex jefe en Vizcaya de Medio Ambiente del Gobierno vasco, Luis Fernando Picaza, que intervino en calidad de testigo para tachar las filtraciones de «incompatibles con la vida» en el río, y la del letrado del responsable de producción de la planta, que los redujo a «leves». Porque el hecho de que los vertidos se produjeron fue el único punto en común ayer en la sala. Junto a que el agua bajaba «marrón y con burbujas» y procedía de un viejo vertedero.

La Fiscalía entiende demostrado que el Ejecutivo autónomo impuso 21 medidas correctoras a este antiguo depósito de restos, «y apenas si se han tomado cuatro o cinco». «No se aisló el vaso para evitar que los lixiviados -líquidos procedentes de productos en descomposición y que en este caso están saturados de minerales como aluminio y hierro- desembocasen en un cauce fluvial», señaló la representante del Ministerio público, que remarcó la responsabilidad de Perea: «Era la persona que tenía el control de la producción y quien conocía la necesidad de adoptar medidas medio ambientales».

La fiscal subrayó que «se ha provocado un severo perjuicio al medio ambiente, ya que agentes de la Ertzaintza reconocen haber encontrado peces muertos». Y consideró que, según los informes elaborados por el Seprona, en la actualidad el vertedero seguiría filtrando elementos «tóxicos» al río como lo hacía en 2006, siete meses después de los hechos enjuiciados.

El abogado defensor reconoció el problema del vertedero, pero apuntó que no podía achacarse al director de producción de Pastguren «porque había superiores competentes para decidir una inversión millonaria en mejoras que, de haberse efectuado, podrían haber llevado a la empresa a la quiebra».

Nuevo vertedero

Según explicó, la firma cumplió con las obligaciones comprometidas con el Gobierno vasco cuando inició su andadura en 1999. «Construyó un nuevo vertedero, que es el que ha utilizado estos años y que tiene una tubería directa para trasladar los lixiviados a la fábrica, realizar un tratamiento primario y luego enviarlos a la depuradora de aguas de Güeñes», precisó. El viejo, a su juicio, había quedado abandonado, aunque varios agentes aseguraron durante la vista haber encontrado en 2005 cenizas de la compañía «de reciente depósito».

La otra gran cuestión a dirimir por la juez que dictaminará el caso es la propia afección de la evacuación de lixiviados al arroyo La Jara, afluente del Cadagua. La defensa insistió en que no ha quedado probada la contaminación real, «porque no se analizó la cantidad ni el tiempo que duraron los vertidos, así como tampoco el volumen de agua que tenía entonces el cauce». Y remarcó que, según el propio informe del Seprona, apenas un centenar de metros más abajo, ya en el propio Cadagua, «no había signos de aguas afectadas». «Por todo ello, procede la absolución de mi representado y el abandono de la vía penal, que, en todo caso, debe limitarse a una sanción administrativa a la empresa por los vertidos realizados», resumió.