El Gobierno vasco entierra la tarjeta ONA tras gastar 11 millones en su implantación

El Ejecutivo entiende que la versión vasca del DNI electrónico, distribuida en tres años al 10% de la población, «no es operativa»

AITOR ALONSOVITORIA.
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Once millones de euros, prácticamente a la basura. El Gobierno vasco ha decidido iniciar el proceso para poner fin a la distribución y el uso de la tarjeta ONA, el dispositivo puesto en marcha hace tres años por el Ejecutivo con dos objetivos: convertirse en la nueva tarjeta de identificación sanitaria ante Osakidetza y servir de plataforma para todas las relaciones entre el ciudadano y las administraciones públicas, incluso con algunas entidades bancarias, a través de Internet.

En tres años, el Gobierno del PNV gastó 11 millones de euros en la «implantación y mantenimiento» de la nueva tarjeta, un avanzado dispositivo con 'chip' y banda magnética incluida que permite almacenar todos los datos personales del poseedor. Según la consejería de Sanidad, en 2007 se gastaron 1,78 millones de euros; en 2008, 3,77 millones. Y en 2009, cuando la crisis económica ya era una realidad, casi 5,5 millones. La intensiva campaña de distribución de la tarjeta, con numerosas visitas pueblo a pueblo para fomentar la demanda y recoger 'in situ' las peticiones de los interesados, hizo que en tres años llegara casi al 10% de la población vasca. A finales de 2009, 205.907 residentes en Euskadi disponían de la tarjeta personal e intransferible. La mayoría de ellas se tramitaron en campañas específicas en Bilbao (44.140), Vitoria (22.845), Barakaldo (14.685) y en entidades como la UPV (11.994), el propio Gobierno vasco o la Diputación de Guipúzcoa. Las cantidades económicas contrastan con lo destinado en los últimos diez años a mantener y ampliar el parque de tarjetas sanitarias tradicionales (TIS, creada en 1989), que no alcanzó los dos millones de euros.

La ONA fue concebida por el Gabinete de Ibarretxe como la pieza clave de su proyecto de administración 'on line'. No sólo se trataba de la nueva tarjeta de identificación que se debe mostrar al médico en Osakidetza. Sobre el papel, tenía más utilidades, muchas de ellas similares a las que ofrece el DNI electrónico, también en proceso de implantación progresiva. Al poder homologarse como método para la firma electrónica -igual que el nuevo DNI-, daba la oportunidad de realizar desde casa trámites oficiales ante las administraciones. Desde pedir un certificado o realizar ofertas en los concursos públicos hasta efectuar operaciones fiscales, consultar los puntos del carné de conducir o la vida laboral. En el caso vasco, mediante acuerdos con ayuntamientos, la ONA también se concebía como forma de identificación en polideportivos o bibliotecas municipales.

Pero no todo eran ventajas. Al margen de su uso como tarjeta sanitaria -para lo que ya está la tradicional TIS azul y blanca de Osakidetza-, sacar el máximo rendimiento a la ONA requería una participación muy activa del usuario, un lastre que también arrastra el DNI electrónico. El poseedor debe hacerse con un lector de tarjetas para instalarlo en su ordenador -cuestan entre 15 y 30 euros-, lo que requiere al menos de ciertos conocimientos de informática. También debe homologar su tarjeta como firma electrónica a través de Internet. Algunos usuarios se encontraron con problemas añadidos, como que el 'software' ofrecido por el Gobierno vasco no era compatible con algunos sistemas operativos, por ejemplo los de Apple o Linux.

El Gobierno de Patxi López no oculta ahora que tanta complejidad ha derivado en que la tarjeta «no sea operativa» y, en consecuencia, tenga un uso muy limitado. «La tarjeta puede contener tantos datos personales que hace que su tramitación sea muy compleja. Por ejemplo, no se puede enviar al usuario por correo. Sólo se puede entregar en mano», apunta un portavoz.

Duplicar inversiones

Esta falta de eficiencia y el hecho de que la inversión económica vasca tenga el mismo objetivo que la que realiza el Estado con el DNI electrónico -y por tanto sea duplicar gastos en una época de crisis- parece estar en la base de la decisión de frenar en seco la expansión de la ONA. El titular de Sanidad, Rafael Bengoa, ha señalado que «no existe ningún argumento político detrás» de la eliminación de la tarjeta que puso en marcha su predecesor, Gabriel Inclán. «No hace falta tener siete tarjetas encima para relacionarse con la Sanidad o la Administración», agregó. Ahora, «el DNI y la tarjeta sanitaria de toda la vida van a bastar para hacer todo».

La ONA no va a desaparecer inmediatamente, sino que será «un proceso», indicaron fuentes de Sanidad. El Ejecutivo ya anunció en diciembre que preveía ralentizar su distribución.

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