Hacienda ve un delito fiscal de Iurbenor en la venta de las cooperativas de Lutxana

La inspección realizada por profesionales de la Hacienda vizcaína determina que las «conductas seguidas» por Iurbenor en los dos últimos años «pueden ser constitutivas de delito contra la Hacienda pública». Esta es la principal conclusión del reciente informe realizado por el servicio foral de inspección que ha sido enviado al Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, que estudia las presuntas irregularidades societarias y contra el fisco cometidas por el empresario Jabyer Fernández al frente de la promotora inmobiliaria.

El documento se detiene en dos asuntos concretos: el ya conocido impago por parte de Iurbenor de 43 millones de euros -tras ser rechazado el aplazamiento solicitado- correspondientes al IVA de la operación de venta de los terrenos de la futura urbanización 'Puerta Bilbao', en el barrio baracaldés de Lutxana, donde se pretendía llevar adelante la mayor promoción inmobiliaria del territorio con la edificación de más de 2.000 viviendas. La segunda cuestión a la que hace referencia el documento al que ha tenido acceso este periódico, desconocida hasta ahora, se trata de la venta de opciones de compra de pisos protegidos de esta misma promoción a varios centenares de personas, que unieron sus intereses formando cuatro cooperativas: Miralnorte, Miralsur, Miraloeste y Miraleste.

Las presuntas irregularidades detectadas por los inspectores en estas dos operaciones guardan relación con el IVA devengado, aunque con significativas diferencias entre ambos casos. Las opciones de compra de las cooperativas, según consta en el informe pericial solicitado por el propio Juzgado, se realizaron en octubre de 2008 por un importe de 11,8 millones de euros. Esta operación estaba sujeta a un devengo en impuestos cercano a los 1,9 millones de euros. Sin embargo, según el citado documento, Iurbenor «no repercutió» el IVA que grababa los pagos anticipados de los cooperativistas, «no reflejó importe alguno» en el libro registro de facturas, «ni consignó cantidad alguna» por este concepto en las «cuatro autoliquidaciones» del Impuesto sobre el Valor Añadido que presentó en 2008 ante la Hacienda vizcaína.

De esta forma, teniendo en cuenta que el IVA devengado de ese ejercicio debería haber ascendido a casi 1,9 millones, la sociedad debió presentar en su última autoliquidación un importe a compensar ante Hacienda de 4,7 millones de euros y no de 6,6 millones, «como se declaró». El impago del IVA correspondiente a las opciones de compra de las cooperativas -que fueron traspasadas de forma definitiva en julio de 2009- ya fue apuntado por los administradores concursales de Iurbenor en su informe auditor sobre el estado de la empresa

Declaraciones mensuales

El documento de la inspección fiscal también analiza el caso de los 43 millones de IVA que la empresa no ingresó en las arcas forales a raíz de la venta de los terrenos de la promoción 'Puerta Bilbao' a La Caixa y la BBK. En este caso, Iurbenor solicitó un aplazamiento de pago en Hacienda que le fue denegado. Según consta en el informe de los inspectores, la empresa pidió la citada demora el 24 de abril del pasado año, dentro del plazo estipulado para la presentación de autoliquidaciones trimestrales. Los gestores de Iurbenor, sin embargo, deberían haber cursado la solicitud el 25 de febrero como fecha tope. La razón se encuentra, según la inspección, en que las sociedades que cuentan con un volumen de operaciones superior a los 6 millones de euros están obligadas a presentar autoliquidaciones mensuales, y no trimestrales. Por todo ello, en el escrito remitido al juez, la inspección apunta que existen «indicios racionales suficientes» para concluir que las «conductas seguidas» por Iurbenor «pueden ser constitutivas de delito contra la Hacienda pública».

El origen de la causa judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao se encuentra en la denuncia que el presidente del Athletic, Fernando García Macua, y otros seis ex consejeros de Iurbentia, sociedad que participa en Iurbenor, presentaron contra Jabyer Fernández al entender que el empresario había cometido «gravísimas irregularidades» por desviar hacia otras sociedades del grupo Afer -propiedad de Fernández- gran parte de los fondos de la compañía, entre los que destacan los citados 43 millones de euros que debían haber sido ingresados en las arcas forales por la venta de los terrenos en los que se iba a desarrollar la operación urbanística.