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DAVID S. OLABARRI d.s.olabarri@diario-elcorreo.com
Lunes, 8 de febrero 2010, 09:44
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El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco terminó la pasada semana el informe definitivo sobre los crecientes niveles de contaminación detectados en parte de los terrenos de Zabalgarbi durante el segundo tercio del pasado año. Las conclusiones del expediente sancionador podrían resumirse de la siguiente manera. El ejecutivo autonómico -responsable de la vigilancia ambiental de esta actividad- multa con 30.000 euros a la incineradora por «incumplir» las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental redactada para su funcionamiento. En otras palabras, la empresa que gestiona la planta de residuos realizó una serie de actividades -relacionadas con limpieza del horno caldera- en zonas que no estaban «habilitadas» para ello, ya que no se encontraban «impermeabilizadas».
Ahora bien, pese a esta infracción «grave» de la normativa, el informe de Medio Ambiente deja claro que las «significativas» «desviaciones» detectadas en los análisis -desde marzo hasta mayo- no constituyeron «un problema real de contaminación» de las aguas subterráneas y tampoco supusieron un riesgo grave para la «salud de las personas». Una conclusión significativa si se tiene en cuenta que el canal de Ordunte, que abastece de agua potable al 60% de la población de Bilbao, discurre por debajo de la planta a varios metros de profundidad.
Balsas de poliuretano
En la relación de hechos probados, los técnicos del Gobierno vasco recuerdan que Zabalgarbi se sometió entre el 16 de febrero y el 12 de marzo del 2009 a una «parada técnica» destinada a realizar el «mantenimiento general» de las instalaciones. Durante este tiempo, se llevó a cabo la limpieza química del horno caldera, «para lo cual se colocaron dos balsas de poliuretano» de 25 metros cúbicos cada una. Estas piscinas se instalaron en una zona «no impermeabilizada» del exterior de la planta y que, además, se encontraban «cerca» de los piezómetros -puntos de medición de las aguas subterráneas que se adentran varios metros en el subsuelo- P2 y P6, precisamente los que arrojaron los niveles más altos de sustancias contaminantes. A lo largo de este periodo, se gestionaron en estas balsas más de 250.000 kilogramos de residuos, añade el informe.
La propia empresa comunicó a Medio Ambiente a principios de julio la existencia de «ciertas desviaciones» en las analíticas que se realizan periódicamente en las aguas subterráneas. Días después, pese a que las muestras correspondientes al mes de junio indicaban una «probable normalización», responsables de la Agencia Vasca del Agua (URA) realizaron una visita a la planta con el propósito de inspeccionar las instalaciones.
Allí, los técnicos de Zabalgarbi aseguraron que tenían la «sospecha» de que los crecientes niveles de sustancias tóxicas detectados a partir de marzo podían estar relacionados con un «golpe de viento» que volcó las balsas, derramando su contenido sobre el terreno sin impermeabilizar. Esta posibilidad, sin embargo, fue descartada por la propia empresa en las alegaciones presentadas el pasado octubre, a raíz del inicio del expediente sancionador abierto por el Gobierno vasco. Y se apunta a la hipótesis de que la alteración pudiera deberse a la entrada «por la boca de los piezómetros de óxidos, suciedad y aguas de escorrentía como consecuencia de las fuertes precipitaciones» registradas a «principios de marzo».
20.001 y 200.000 euros
El informe de la consejería dirigida por Pilar Unzalu señala, en todo caso, que las «características físico-químicas» de las aguas que contenían las balsas, procedentes del lavado de las calderas, y las aguas localizadas en los piezómetros que mostraron «desviaciones» presentaron «elementos en común». No obstante, estas «similitudes» no constituyen una «evidencia suficiente» para que los expertos en la materia concluyan que existe una relación «causa-efecto directa» entre ambos factores.
En este sentido, el informe únicamente acredita que existió una incorrecta utilización de los terrenos sin impermeabilizar. El técnico instructor considera, además, que Zabalgarbi no incumplió el deber de informar de forma inmediata de que se había registrado un «incidente con afección significativa al medio ambiente» -otra de las posibles faltas que se le imputaba en un principio- en la medida en que el riesgo para la salud de las personas fue «bajo».
Por todo ello, teniendo en cuenta la «total colaboración y buena fe» de la empresa en el proceso de investigación, el informe propone una sanción relativamente baja a Zabalgarbi: 30.000 euros. No en vano, las multas por infracciones graves en cuestiones medioambientales oscilan entre los 20.001 y los 200.000 euros.
El expediente sancionador también impone a la compañía que gestiona la planta de residuos la obligación de presentar una propuesta de «saneamiento» de las superficies alteradas, además de la «obligación de restablecer las condiciones de los suelos alterados por hidrocarburos a su estado anterior».
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