Juan Antonio Roca, condenado a 11 años de prisión y 240 millones de euros de multa

El exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella deberá pagar también 240 millones de euros de multa

CECILIA CUERDOSEVILLA
Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, entre otros, antes de la lectura de la sentencia. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas/
Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, entre otros, antes de la lectura de la sentencia. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas

Los gestos de alegría de los abogados defensores y de parte de los implicados en el caso Malaya por la corrupción municipal en Marbella denotaba esta mañana la sorpresa que había provocado la lectura de la sentencia, con penas muy inferiores a las solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. El principal imputado y considerado cerebro de la trama corrupcta, Juan Antonio Roca, ha sido condenado finalmente a once años de cárcel y una multa de 240 millones de euros por los delitos de cohecho, blanqueo continuado en el seno de una organización criminal, fraude y prevaricación, frente a los 30 años de cárcel y 810 millones que le pedían.

Aunque muchos reconocían a la salida que las condenas suponían "un palo", si es cierto que las penas han sido mucho más livianas de las reclamadas por Anticorrupción. Y eso pese a que "el Tribunal ha llegado a la firme convicción de la realidad del sistema de corrupción generalizada que se había instaurado en el Ayuntamiento de Marbella por parte de los procesados y bajo el poder de hecho ejercido por el señor Roca", según consta en el fallo.

Así, la mayoría de los antiguos miembros de la corporación municipal en la época de Jesús Gil, a los que el fallo reprocha explícitamente su "dejación de funciones", no tendrá que pisar la prisión por haber sido únicamente condenados a dos años de cárcel por un delito de cohecho y a multas que van desde los 48.000 a los 380.000 euros.

En este apartado, las mayores penas son las impuestas a la exalcaldesa Marisol Yagüe, condenada a seis años y nueve meses de cárcel y una multa de 2,3 millones de euros por delitos cohecho, malversación, alteración del precio público y fraude. El fiscal, sin embargo, pedía 3,78 millones y 16 años de prisión. En la misma línea, la exconcejal Isabel García Marcos ha sido condenada a cuatro años de cárcel y 700.000 euros de multa por los delitos de cohecho y alteración de precios públicos. La Audiencia también ha condenado a quien fuera mano derecha de Gil, Pedro Román, a cuatro años y multa de 2,5 millones.

"No metió la mano"

Una de las grandes sorpresas ha sido la absolución de Julián Muñoz de parte de los delitos que se le imputaban, por lo que finalmente solo ha sido condenado a dos años de cárcel y16 de inhabilitación por delitos de prevaricación y fraude. "Es la prueba de que no metió la mano", apuntaba a la salida su abogado, pese a que el exregidor ya cumple condena firme desde abril por blanquear parte del dinero obtenido de forma ilícita tras su paso por el Consistorio y usar para ello a sus exparejas sentimentales.

Un tercio de los acusados, sobre todo empresarios y testaferros, han quedado absueltos o con penas menores conmutables por multa económica, como ha ocurrido con el constructor y actual concejal del Ayuntamiento de Córdoba Rafael Gómez, alias 'Sandokan', o el empresario madrileño Fidel San Román, condenados ambos a seis meses de prisión (conmutable por una sanción económica) y una multa de 150.000 euros por un delito de cohecho. La sala ha tenido en cuenta en estos casos como atenuante la detención irregular e incluso la prescripción de los cargos que se les imputaban. En este bloque, destacan las condenas de cuatro años de cárcel y una multa de 30 millones de euros para la asesora de Roca Montserrat Corulla, o el promotor José Ávila Rojas, condenado a tres años y ocho meses por blanqueo y cohecho.

La sentencia también ha tenido un capítulo dedicado al daño moral y económico causado a la ciudad de Marbella. Aunque la indemnización fijada es de 1,3 millones de euros -se pedían cuatro-, el presidente de la Sala ha solicitado que todo el dinero decomisado y las multas impuestas sirvan para pagar la deuda del consistorio con Hacienda. Una decisión que ha sido aplaudida por la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, resaltando que se trata de "una acción de justicia" que permite "pasar página y cerrar la puerta de la corrupción".