El voto corsario

Islandia ha sido, durante un tiempo, el país añorado por tantos ciudadanos europeos castigados por la crisis. Una nación admirable capaz de negar el dinero público a la banca que contagió la peste y dejarla quebrar, de sentar a políticos y banqueros ante los tribunales, y de recuperar el control de su economía en tiempo récord. Pero se ve que el hechizo no podía durar: las elecciones legislativas celebradas recientemente devolvieron el poder al mismo centroderecha que propició el colapso económico con sus políticas neoliberales.

Es difícil hallar rastro de aquella rebeldía en el nuevo parlamento, ocupado mayoritariamente por los partidos de siempre. No obstante, Islandia ha vuelto a sorprender por su espíritu rompedor al reservar tres de sus 63 asientos a los representantes del Partido Pirata. Son Jon Por Olafsson, estudiante de Administración de Empresas; Helgi Hrafn Gunnarsson, programador, y Birgitta Jónsdóttir, colaboradora de Wikileaks.

Se trata de la primera ocasión en que los piratas desembarcan en una cámara nacional, lo que supone una nueva presa para una tripulación que no atiende a las fronteras y que ya suma 260 representantes repartidos por seis países (Islandia, Alemania, Suecia, República Checa, Suiza y España) y situados en diferentes niveles de poder, desde eurodiputados hasta concejales de pueblo.

No es probable que el fundador del movimiento, Rickard Falkvinge (Gotemburgo, 1972), se imaginase algo así cuando lo puso en marcha el 1 de enero de 2006. En realidad, este programador sueco, licenciado en Ciencias Naturales y que en su día trabajó como jefe de proyecto para Microsoft, solo pretendía protestar contra una ley que acababa de aprobar su gobierno y que prohibía el intercambio de archivos en internet sin pagar derechos de autor.

Para elegir nombre, se inspiró en una organización que luchaba contra las leyes del copyright, PiratByran, algo así como 'oficina pirata' que a su vez se había bautizado así tras la puesta en marcha de un cuerpo policial denominado Oficina Antipiratería. Algunos de ellos tenían, además, relación con el portal de enlaces de descargas The Pirate Bay, que desde entonces ha sido perseguido por medio mundo y que, de momento, acaba de encontrar acomodo en Islandia.

La cruzada de Falkvinge contra la propiedad intelectual y los frenos a la descarga de música, películas y juegos en la red encontró pronto eco: en solo 24 horas reunió las 1.500 firmas necesarias para participar en las elecciones en su país, en las que obtuvo 35.000 votos. La historia del Partido Pirata se habría reducido a una anécdota de acabar así. Pero siguió creciendo. En las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 obtuvo 215.000 votos en Suecia (el 7,1%) y se hizo un hueco importante al convertirse en la tercera fuerza política y en la preferida por los jóvenes.

Aquí cabe cualquiera

En su ideario cabe cualquiera. «Tenemos gente de un extremo a otro, desde el anarquismo al totalitarismo. No somos ni socialistas ni liberales. Somos piratas. Todos tienen las puertas abiertas. El único requisito es respetar los Derechos Humanos», explica Falkvinge, ya incluido por las revistas 'Foreign Policy' y 'Time' en sus listas de personajes influyentes.

Básicamente, el Partido Pirata defiende el software libre y la modificación del sistema de patentes en el resto de áreas de desarrollo tecnológico, de forma que, una vez obtenidos unos beneficios razonables pasen a ser de dominio público. Propone algo similar en cuanto a la propiedad intelectual: juzga ridículo que no haya libre difusión de una obra hasta 70 o 75 años después de la muerte del autor. En su opinión, cinco años bastan para conseguir rendimiento antes de dejarla volar libre.

El derecho al intercambio de archivos entre particulares y sin finalidad comercial marcha unido al derecho a la privacidad y, por tanto, a que se vete el acceso del Estado a las comunicaciones. Estos puntos fundamentales están aliñados con transparencia, educación gratuita, sanidad universal y, sobre todo, acceso universal y sin restricciones a la red.

Alemania es el país que con mayor furor ha abrazado el nuevo credo, como demuestran sus 45 diputados regionales y sus más de 200 concejales, aunque la fiebre se ha contagiado por todo el mundo: en 2010 el movimiento confirmó su carácter transnacional con la fundación de la Internacional de Partidos Piratas.

Íñigo González de la Fuente, politólogo y profesor de Sociología de la Universidad de Cantabria (UC), vincula el éxito pirata a la brecha abierta entre ciudadanía y políticos. «Podemos hablar, exagerando, de la existencia de una casta política, en todas las democracias occidentales, que está en connivencia con los poderes económicos, y éstos encuentran así la forma de hacer legítimas y legales unas políticas que perjudican a la mayoría de la población». La identificación con las nuevas tecnologías y con un sector joven de la población son, a su juicio, las dos características que lo distinguen de otras propuestas alternativas.

Es lo que Juan Carlos Zubieta, del Taller de Sociología de la UC, denomina opciones «excéntricas». «Proporcionan un aire nuevo, un discurso fresco, más directo, más 'revolucionario'; estas opciones se muestran cada vez más cercanas: hablan de los problemas del día a día. Además, algunas de estas propuestas critican de forma descarnada a los políticos corruptos y se ríen de la burocracia de los partidos. Dicen, en voz alta, lo que piensan muchos ciudadanos».

La asamblea decide

Pese a todo, a la ola pirata le está costando desarrollarse en España. De momento, su presencia en la Administración se reduce a una concejal en el municipio barcelonés de Sant Fruitós de Bages, Manoli Martin Rey, y eso que en realidad, como indica Daniel Bonfils, informático de 27 años y presidente nacional del Partido Pirata, los Pirates de Catalunya funcionan por su cuenta.

Al no tratarse de una franquicia, la formación ha adquirido aquí sus propias características: regida por método asambleario (incluso las respuestas que ofrece Bonfils son acordadas), persigue «la implantación de un sistema de gobierno que permita realmente a los ciudadanos tener el control de la vida política y poder influir en las decisiones que les afectan». Sus últimas acciones han sido adherirse al manifiesto de defensa de las pensiones y enviar una carta al ministro Wert para pedirle que retire su proyecto de Ley de Propiedad Intelectual.

«No existe un afiliado tipo. Hay gente de todos los ámbitos de la sociedad», dice el presidente español. Es una característica común al partido en todas partes que evita tener que justificar lo que hacen sus miembros. Ahí está el ejemplo de Julia Schramm, directiva pirata en Alemania que el pasado año publicó 'Click mich', las «confesiones de una exhibicionista en internet», que veía como lo más natural del mundo que su editorial exigiese el pago de 18 euros por acceder al libro, haciendo una honrosa excepción a su filosofía de cultura libre y gratuita. Más cercano aún es el caso del recién detenido Sven Olaf Kamphuis, el hacker holandés causante del mayor colapso de la historia de la red, antisionista confeso y convencido de la inocencia de Dzhokhar Tsarnaev uno de los terroristas de Boston, que se dedicaba a sus ciberataques a bordo de una furgoneta transformada en oficina informática móvil hasta que fue arrestado en Granollers.

Sin duda, a España le queda un largo camino por recorrer hasta llegar a los niveles de ciberactivismo suecos. Allí, el Gobierno acaba de reconocer como religión oficial el 'kopimismo' (el nombre viene de 'copy me'). Dice la nueva fe que compartir información es sagrado, y ha adoptado como símbolos litúrgicos 'CTRL + C' y 'CTRL + V' (copiar y pegar, respectivamente). En realidad, se trataba de una artimaña para proteger la descarga y la copia de archivos mediante la libertad de culto pero, al final, han acabado celebrando hasta bodas.