ETA estafó a franceses para financiar sus compras en la tregua de 2006

La Fiscalía pide en París 19 años para los responsables logísticos de la banda que gastaron 18.000 euros con cheques robados

FERNANDO ITURRIBARRÍACORRESPONSAL PARÍS
Dibujo que representa a Zigor Garro, Marina Bernadó, Ekain Mendizabal y Juan Cruz Maiza –de izquierda a derecha–, durante una de las sesiones del juicio celebrado en París./AFP/
Dibujo que representa a Zigor Garro, Marina Bernadó, Ekain Mendizabal y Juan Cruz Maiza –de izquierda a derecha–, durante una de las sesiones del juicio celebrado en París./AFP

ETA recurrió a la estafa a particulares franceses, un cargo inédito en su actividad delictiva, para financiar las compras de materiales destinados a la fabricación de explosivos y la falsificación de documentos durante la tregua de 2006. La Fiscalía de París pidió ayer un total de 19 años de prisión contra Zigor Garro Tonino y Marina Bernadó Dortoka como culpables, entre otros delitos, de haber usurpado la identidad de los titulares de dos talonarios robados con los que adquirieron artículos por importe cercano a los 18.000 euros entre abril y octubre de aquel año, en pleno vigor del alto el fuego.

La instrucción sumarial del caso estableció que la pareja, supuestos responsables entonces del aparato logístico, pagó con 22 cheques falsos compras efectuadas, entre el 22 de abril y el 23 de setiembre de 2006, por un total de 12.360 euros en comercios de París y el centro de Francia con un talonario encontrado en una furgoneta robada dos años antes en Dordoña. Además se contabilizaron adquisiciones por una cuantía superior a 5.600 euros realizadas entre el 11 y el 31 de octubre en establecimientos de Limoges y Burdeos con nueve talones pertenecientes al dueño de otra furgoneta sustraída en el centro del país quince días antes del anuncio de aquella tregua.

En su informe de conclusiones definitivas, la fiscal Fanny Bussac observó que la iniciativa de utilizar los talonarios de víctimas de robos «va contra las reglas de seguridad muy estrictas en ETA». De hecho, «el rastro de las compras condujo hasta Bernadó y luego a la localización del refugio que compartía con Garro en Quézac», donde fueron detenidos el 29 de noviembre de 2006.

Los servicios antiterroristas franceses consideran que la estafa es un recurso ocasional y atípico pero no constituye una vía de financiación alternativa a la extorsión de fondos por el riesgo de dejar pistas a la policía. Los analistas galos estiman que ETA cuenta con dinero suficiente para subsistir un par de años sin los ingreses del impuesto revolucionario, cancelado en el vigente alto el fuego general. Calculan que la tesorería etarra dispone de un remanente del orden de tres millones de euros con el que cubrir el presupuesto de dos ejercicios, a un promedio anual de gastos de millón y medio en un período de baja actividad como el actual.

10 años a Garro y Bernadó

La acusadora pública pidió diez años, la pena máxima por asociación de malhechores, para Garro y nueve para Bernadó. Además solicitó ocho años para Juan Cruz Maiza Jos y seis para Ekain Mendizabal Iban, los otros ocupantes del banquillo de los acusados. Por último, requirió cuatro años para el huido Eneko Gojeaskoetxea Ernest, juzgado en rebeldía. Para los cinco procesados demandó la prohibición de residir en Francia a título definitivo.

La fiscal subrayó que los hechos se produjeron «cuando decían que buscaban soluciones democráticas para un problema político» en apoyo a la tesis de que ETA aprovecha las treguas «para reconstituir su arsenal mortífero». «ETA sigue reforzándose y siempre se ha reservado el derecho de matar», sentenció antes de traer a colación el tiroteo a un gendarme hace tres semanas en el centro de Francia.

La abogada Amaia Recarte criticó que la jueza instructora, Laurence Le Vert, se refiriera en el auto de procesamiento a la «neutralidad complaciente» con ETA del Gobierno español durante el frustrado proceso de paz. Tras preguntarse si «ese comentario quiere decir que los franceses hicieron su trabajo y los españoles no», la defensora planteó que la policía gala «se muestra especialmente eficaz durante las treguas y, qué casualidad, detiene a quienes participan en las negociaciones».

El juicio quedó visto para sentencia, que se hará pública el próximo 24 de mayo.