El Parlamento vasco insta al Gobierno español a apoyar en la UE el protocolo contra la tortura

El llamamiento parte de una enmienda presentada por EA a una proposición del PNV que ha sido aprobada por todos los grupos

VASCO PRESSVITORIA

El Parlamento vasco ha instado por unanimidad al Gobierno español a que aproveche la presidencia de la Unión Europea para que promueva la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura entre los 14 Estados miembros que todavía no lo han firmado. Asimismo, pedido al Ejecutivo central que cumpla "efectivamente en su totalidad" lo establecido en dicho acuerdo.

El llamamiento parte de una enmienda presentada por EA a una proposición del PNV que ha sido aprobada por todos los grupos. Aunque todas las formaciones se han mostrado de acuerdo con el fondo del asunto, cada partido ha matizado su postura sobre si el vaso está "medio lleno o medio vacío" en lo que respecta al grado de cumplimiento de en la materia por parte de España.

De este modo, el PNV ha señalado, a través de su parlamentaria Nerea Antia, que en las 54 visitas de inspección realizadas en España por la oficina del Defensor del Pueblo, como establece el protocolo, "no han encontrado ni un sólo caso de tortura o malos tratos", cuando "sin embargo en estos meses ha habido denuncias de torturas e incluso detenciones de agentes por malos tratos en Tenerife, Mallorca o Valencia", hechos que, ha denunciado, "no fueron mencionados por el Defensor del Pueblo en su balance".

Los encargados de hacer las visitas "son siete funcionarios y tienen que supervisar 9.000 centros de privación de libertad que hay en todo el Estado", entre cárceles, comisarias, psiquiátricos, y centros de internamiento de inmigrantes, ha denunciado. Frente a esto, los socialistas han recalcado que el Gobierno español es un "firme defensor" de los derechos humanos, pero que "por mucha voluntad que ponga una presidencia la ratificación de los protocolos corresponde a los países y la UE no puede obligar a nadie. Por ello, han reivindicado tratar de convencer de la "bondades" del protocolo a los no firmantes.

Además, han insistido en que los casos de torturas registrados son "actuaciones ocasionales" y no la norma y que sus responsables son "personas individuales" y que por lo tanto no están instigadas por ninguna administración. Además, una vez detectados los casos "son inmediatamente puestos a disposición de la justicia", han asegurado. En la misma línea, Carlos Urquijo (PP), ha destacado que España "supera con nota todo lo que tenga que ver con derechos humanos".

Más críticos con la situación se ha mostrado Aralar, cuyo parlamentario Mikel Basabe ha señalado que aunque los observadores internacionales señalan que "la tortura no es sistemática" en España sí que "es evidente que los malos tratos todavía se dan", y por lo tanto "no es suficiente decir que como ya se ha firmado el protocolo cumple" con lo que establece. "El estado español tiene un largo camino que recorrer", ha añadido. Además, ha destacado que el acuerdo "en sí mismo no va a evitar los malos tratos, pero los va a obstaculizar, y que cuando se dan se traten como una vulneracion de la ley".

Por su parte, Jesús Mari Larrazabal (EA), ha afirmado que el personal encargado de las inspecciones "tiene que ser independiente, y no parece que sea el caso", ya que "no han observado nada en cuanto a malos tratos ni torturas". "Si están ciegos ya saben lo que tienen que hacer, que se arreglen la vista", ha enfatizado. Mikel Arana (EB), a su vez, ha calificado de "brindis al sol" la propuesta, ya que considera positivo que se fomente la firma del acuerdo, pero "otra cosa es que se cumpla el protocolo".