El Gobierno vasco abre el debate sobre la supresión de la VPO en propiedad y los sorteos

Pregunta a los ciudadanos qué piensan de una propuesta para acabar con la adjudicación aleatoria de los pisos y ofrecer ayudas al alquiler libre

JAVIER MUÑOZBILBAO.
Sorteo de viviendas de protección oficial en la localidad de Llodio. ::                             JOSÉ MONTES/
Sorteo de viviendas de protección oficial en la localidad de Llodio. :: JOSÉ MONTES

El Gobierno vasco ha preguntado a los ciudadanos qué piensan de una propuesta lanzada por un grupo de economistas para suprimir en España las viviendas de protección oficial (VPO) en propiedad e impulsar el alquiler. El documento, que ha sido colgado en la página web del Observatorio Vasco de Vivienda (euskadi.net), aparece firmado por un grupo de expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que abogan por reformar a fondo el sector inmobiliario eliminando las desgravaciones a la compra de pisos y trasladándolas al arrendamiento. Con tales medidas y dotando a los juzgados de medios para que hagan efectivas las reformas legales que agilizan los desahucios, creen que podría lograrse un mercado inmobiliario «que funcione».

«La asignación de vivienda protegida en propiedad es una lotería en la que muy pocos beneficiados reciben una subvención muy elevada», denuncia el informe de Fedea. Los autores del estudio, cuyo punto de vista sobre los sorteos de VPO coincide con el del Ararteko, aconsejan a las administraciones que dirijan sus recursos hacia las ayudas al arrendamiento libre, una fórmula que en Euskadi está representada por el programa Bizigune. A través de esa iniciativa, el Gobierno vasco ha movilizado más de 4.000 pisos vacíos de particulares garantizándoles una renta mensual más baja que la del mercado -600 euros máximo-, pero ofreciéndoles a cambio seguridad jurídica. A continuación ha alquilado esos inmuebles a un precio más bajo a personas de ingresos modestos inscritas en Etxebide. «Hay que mantener la protección social, subvencionando al inquilino, no a la vivienda», argumentan en Fedea.

No es la primera vez que el Ejecutivo plantea a la sociedad en qué condiciones deberían ofrecerse a los ciudadanos las VPO, que cuestan a los compradores unos 140.000 euros de media, con trastero y garaje. En la jornada sobre el Pacto Social de la Vivienda, un acto organizado por la consejería de Iñaki Arriola en noviembre pasado, en el que participaron instituciones, empresas, profesionales y agentes sociales, se llegó a la conclusión de que había que desterrar la vivienda protegida en propiedad. La controversia al respecto había aflorado durante la burbuja inmobiliaria, cuando la expansión del crédito disparó los precios del mercado libre, dejó fuera de él a la mayoría de los ciudadanos y abocó a muchas parejas a esperar que la suerte le sonriera en los sorteos de pisos públicos.

Exceso de oferta

Los economistas de Fedea, que se mueven en la universidad y los gabinetes de estudios, opinan que es necesario cambiar el modelo de la VPO, «especialmente en un contexto de exceso de oferta como el actual». Se preguntan por qué hay que seguir construyendo pisos protegidos sin cesar, para otorgarlos al azar a una minoría de ciudadanos, cuando en España hay entre un millón y 1,3 millones de viviendas libres sin vender en manos de promotores y bancos, un 'stock' que lastra el sistema financiero y que continuará bajando de precio. Euskadi acumula ya 25.000 pisos que no tienen comprador, dejando a un lado otros 18.000 inmuebles vacíos. «Mientras los jóvenes no encuentran donde vivir, existe un enorme exceso de viviendas en venta», resumen los expertos.

A su modo de ver, si en el presente contexto de crisis se dinamizara el mercado de arrendamiento, que apenas abarca al 7,3% del parque residencial del País Vasco, saldría ganando toda la economía. Para empezar, esa estrategia adelantaría la edad de emancipación de los jóvenes, que en Euskadi es anormalmente alta, y ayudaría a combatir el paro. Muchos jóvenes en busca de su primer empleo y muchos trabajadores, despedidos o no, renuncian a ofertas laborales en provincias o autonomías porque están atados a una hipoteca o porque los alquileres son escasos y caros, de modo que, con los sueldos que hoy se pagan, no sale a cuenta mudarse. Se da la circunstancia de que los países europeos en los que la fuerza laboral tiene una mayor movilidad geográfica -Alemania y Francia- son los que registran las mayores tasas de alquiler, un 57% y 44%, respectivamente.

El informe de Fedea señala que la movilidad de los ciudadanos aumentaría en España si las autoridades, además de trasvasar las desgravaciones fiscales desde la compra de inmuebles al alquiler, bajaran la duración mínima de los contratos de arrendamiento hasta un año y, al mismo tiempo, eliminaran o recortaran «drásticamente» el impuesto de transmisiones, pues «reduce» las compraventas de viviendas. Los autores sugieren que el dinero que las arcas públicas dejarían de recaudar por ese concepto podría compensarse con subidas del impuesto de bienes inmuebles.

«Nos gustaría conocer tu opinión en torno a estas propuestas», señala el Observatorio de Vivienda en una nota colocada en la web junto al documento de Fedea. El Ejecutivo vasco también ha puesto a disposición de los internautas otro texto que sintetiza sus líneas estratégicas: aumento significativo del parque público de alquiler, que hoy se acerca a los 20.000 pisos en Euskadi, e impulso a la rehabilitación de inmuebles y barrios, de manera que esa rama de la construcción tenga más protagonismo, pues la edificación está de capa caída.