«Yo no habría volado con Air Comet»

El presidente de Air Comet y de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, dio al fin la cara ayer, dos días después de que el cierre de la compañía desatara el caos al dejar en tierra a más de 7.000 viajeros y sin empleo a sus 666 trabajadores. El empresario dedicó la mayor parte de su comparecencia a defender la gestión de los directivos de la aerolínea y a culpar de su quiebra a los bancos -por no concederle créditos- y al juez de Londres que paralizó los aviones por el impago del alquiler de los aparatos.

La actitud del propietario de la empresa rozó la humillación a los miles de pasajeros que se han quedado colgados, a los que llegó a reprochar que compraran billetes de su compañía cuando su estado de insolvencia era del dominio público, los empleados llevaban meses sin cobrar y había incluso huelgas anunciadas. Díaz Ferrán no tuvo reparos en decir que «yo mismo, si viera esta situación desde fuera, no hubiera elegido Air Comet para viajar a ningún sitio».

El presidente de la CEOE quiso aparecer como una víctima más del desbarajuste. Así, repasó los estragos provocados por la crisis, que causó en Air Comet «una permanente falta de ingresos» por el descenso de pasajeros y el abaratamiento de los billetes. «Hemos buscado créditos a través del ICO y en entidades financieras españolas y extranjeras, y no hemos conseguido ni uno», recalcó. Díaz Ferrán resaltó que él y su socio Gonzalo Pascual han inyectado 143 millones de euros del resto de empresas del Grupo Marsans. Posteriormente, la propia ministra de Economía, Elena Salgado, confirmó que el martes habló con el empresario y le comunicó que el ICO no podía ayudar a Air Comet.

La puntilla llegó el pasado viernes, cuando un juez inmovilizó los aviones a raíz de una denuncia por impago del banco HSBC Nordbank, dueño de cuatro de las aeronaves con las que Air Comet opera en régimen de alquiler. Díaz Ferrán calificó esa resolución de «absolutamente desproporcionada» y dijo que trató de «aplazar hasta después de Reyes» su aplicación. «No lo conseguimos, porque el banco no se nos ponía al teléfono», se quejó.

En su empeño por echar balones fuera, el empresario llegó a poner en duda que él sea el actual dueño de Air Comet, toda vez que el mes pasado anunció que había encontrado un comprador, Arnold Leonora, que se había comprometido a inyectar 90 millones de euros a la compañía pero que el 20 de diciembre ya incumplió su obligación de realizar la primera entrega. De su reparto de culpas ni siquiera se libró el Gobierno argentino, al que acusó de incumplir acuerdos contraídos durante la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, lo que habría privado a Air Comet de «200 millones de dólares».

El presidente de la patronal no tiene, en cambio, ningún reproche hacia el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, que el martes retiró a la licencia de vuelo a la compañía. Por el contrario, agradeció al Ministerio de Fomento que «esté colaborando para buscar las mejores soluciones para los pasajeros». Asimismo, reiteró su determinación de seguir al frente de la CEOE mientras quieran «los empresarios».

Nóminas impagadas

Díaz Ferrán repitió que en sus cuarenta años de actividad, desde que en 1968 empezó como cobrador en el autobús de su padre, jamás había vivido una situación «tan terrible» como el concurso de acreedores que se le viene encima y el expediente de regulación de empleo presentado ayer, que enviará al paro a sus empleados, a los que adeuda varios meses de sueldo. La decisión final sobre el ERE corresponderá al Ministerio de Trabajo, ya que aunque la mayoría de los asalariados son de Madrid, hay 16 en Palma de Mallorca. En cualquier caso, prometió que abonará a los trabajadores los pagarés que les ha entregado, y exhibió como garantía el edificio de la empresa en la mallorquina Bahía de Pollensa.

Los empleados calificaron de «surrealistas» las declaraciones de Díaz Ferrán, que ayer mismo fue denunciado ante la Audiencia Nacional por nueve asociaciones de consumidores que le acusan a él y a su empresa de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible, por mantener la venta de billetes hasta el 18 de diciembre cuando sabía, según los demandantes, que no podría cumplir con sus obligaciones. El caso ha recaído en el juez Santiago Pedraz.