«El aborto es un delito», claman los obispos

Los obispos no cejan en su ofensiva contra la nueva ley del aborto que prepara el Gobierno. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez-Camino, defendió ayer que la interrupción voluntaria del embarazo no sólo es un «pecado gravísimo» sino que debería ser considerado «un delito» en todos sus supuestos, ya que lesiona la moral y «el mandamiento de no matarás». «¿Puede alguna legislación civilizada -preguntó Martínez-Camino- considerar que quitar la vida a un ser humano inocente no es un delito?».

El interrogante planteado por la Jerarquía eclesiástica encontró la inmediata respuesta del Gobierno. La vicepresidenta primera indicó tras la reunión del Consejo de Ministros que en la tarea de legislar, y en concreto en materia penal, «la última palabra la tienen los representantes de la soberanía, la tiene el Parlamento», y no un organismo, por prestigioso que sea, de la Iglesia católica. María Teresa Fernández de la Vega subrayó que las relaciones del Ejecutivo y la Conferencia Episcopal se basan en «la lealtad y la transparencia», un planteamiento que «no está reñido con la discrepancia», como en este caso.

La portavoz gubernamental consideró que los obispos están legitimados para participar en los «debates sociales» que crean pertinentes, pero la decisión de tipificar el Código Penal está en manos del Poder Legislativo. El proyecto de ley del aborto, que ahora es objeto de debate, «no va contra nadie» ni contra ningún sector social, reafirmó Fernández de la Vega, quien además mostró su satisfacción por el acuerdo logrado entre los socialistas y los nacionalistas vascos en la tramitación porque ha proporcionada «más legitimidad si cabe» al proyecto gubernamental. Indicó que la colaboración del PSOE y el PNV se traducirá en que tanto las mujeres como los profesionales de la sanidad contarán con «mayores garantías» a la hora de acometer una interrupción del embarazo.

El portavoz del Episcopado, antes de conocer estas palabras, sostuvo que «es verdad que no todo lo que es pecado tiene que ser siempre también delito», aunque acto seguido añadió que «no se entiende cómo quitar la vida a un ser humano inocente, algo que afecta tan sustancialmente a la dignidad y a los derechos fundamentales del ser humano, no pueda ser también un delito».

«Un serio retroceso»

Y es que el aborto, dijo, «es algo que nunca puede ser admitido moralmente y las leyes tienen la obligación también de proteger el derecho» del no nacido. Martínez-Camino eludió aclarar si abogaba por la penalización del aborto siempre y en cualquier circunstancia.

El obispo auxiliar de Madrid sostuvo que «un pueblo que da su asentimiento social y legal para quitar la vida a sus hijos no está preparado para la solidaridad fraterna». La Iglesia, por tanto, «quiere dar voz a quienes no tienen voz, porque ellos no pueden defender sus derechos ni asociarse. Es gravísimo quitarles la vida y tiene gravísimas repercusiones sociales y económicas». Insistió en su argumento de que el nuevo proyecto legislativo «supone un serio retroceso y empeora aún más la situación».

Martínez-Camino recurrió también al argumento de la imposibilidad de conciliar la práctica católica con el apoyo a la normativa sobre interrupción del embarazo, e insistió en que los diputados que la respalden estarán inhabilitados para comulgar.

«Nadie puede dar su apoyo a este proyecto de ley y los católicos que lo hacen se ponen en situación objetiva de pecado y no pueden ser admitidos en la Sagrada Comunión», subrayó.

Esta advertencia había sido contestada días atrás por el presidente del Congreso, José Bono, quien lamentó que la Iglesia le amenazara con negarle la comunión pero se la hubiera dado a dictadores como los generales Francisco Franco y el chileno Augusto Pinochet. Interpelado al respecto, Martínez Camino se aferró a una evasiva y respondió que «la doctrina de la Iglesia no está hecha contra nadie en particular ni contra ningún partido».