«Estamos dispuestos a expropiar los terrenos de Punta Galea»

Tiende la mano al diálogo, pero no descarta otras fórmulas para recuperar la titularidad de parte de la frecuentada zona de ocio

JOSU GARCÍA| GETXO
Landa insiste en que los terrenos pertenecen al Ayuntamiento. / MITXEL ATRIO/
Landa insiste en que los terrenos pertenecen al Ayuntamiento. / MITXEL ATRIO

El alcalde de Getxo acata la sentencia del Supremo sobre Punta Galea, pero no la comparte. Insiste en que el terreno de cinco hectáreas que el alto tribunal ha adjudicado a varios particulares, y que está situado en pleno corazón de uno de los lugares de ocio más frecuentados del municipio, pertenece al Consistorio. «Este es un pueblo con memoria histórica y todo el mundo sabe que siempre ha sido así», recalca. Tras el varapalo judicial, Landa no descarta emplear todos los métodos al alcance de la Administración local, incluida la expropiación, para «recuperar» la titularidad del solar.

-Hay vecinos que consideran que esta parcela es clave porque forma parte del pulmón verde más importante de la localidad.

-Hay muchas zonas verdes relevantes en Getxo. Conviene recordar que el paseo pavimentado de La Galea, en su actual configuración y del que disfrutan tanto residentes como visitantes de toda Vizcaya, no resulta afectado por la sentencia. Vamos a poder caminar sin ningún problema. Tampoco afecta a la organización del día de paellas. Ahora bien, es cierto que es una zona sensible, sobre todo porque somos conscientes de que los vecinos tienen la convicción de que este terreno siempre ha sido público.

-¿En qué se basa el Consistorio para atribuirse la titularidad?

-El litigio se remonta al segundo proceso de desamortización del siglo XIX. Así se contempla en las propias sentencias. Estamos hablando de un punto de partida que no cuestiona nadie: desde Aixerrota hasta Azkorri, en una línea recta, eran tierras comunales que pertenecían a todos los vecinos de Getxo. Se produce esa incautación por parte del Estado, lo que supone un auténtico expolio. En 1964 esta parcela es inscrita, no se sabe cómo, en el registro por la familia litigante. Y no se entiende por qué el Ayuntamiento de la época, franquista para más señas, no se opone. Después, en 1972, se llega a un acuerdo de delimitación. Desde mi criterio, se produce una dejación de la defensa de los intereses municipales, en lo que es un convenio totalmente desequilibrado y perjudicial para el Ayuntamiento.

Sentencia «definitiva»

-El Supremo acaba de enterrar ese debate. Su decisión es firme y no cabe recurso. ¿Qué van a hacer ahora?

-El fallo es definitivo. Y lo acatamos, aunque no lo compartimos. En cualquier caso, nos sentaremos con los dueños y trabajaremos para encontrar la mejor solución, teniendo en cuenta siempre el interés general de los vecinos. Estamos abiertos al diálogo y a encontrar esas fórmulas.

-Además de la negociación ¿qué otra receta preparan?

-No descartamos y estamos dispuestos a iniciar de manera inmediata un proceso de expropiación.

-¿No son dos salidas contrapuestas y antagónicas?

-Hablaremos. La expropiación no supone descartar el acuerdo dialogado. La expropiación también habilita la posibilidad de pactos.

-Los dueños rechazan, por ahora, tomar «medidas de fuerza» como vallar el terreno. Pero podrían cambiar de parecer si no ven buena disposición por parte del equipo de gobierno.

-Yo albergo dudas razonables de que la legislación sectorial aplicable en la zona, entre ellos el Plan de Defensa del Litoral, permita este tipo de actuaciones. Es una cuestión que, en su caso, habrá de dilucidarse, si finalmente lo plantean. Además, requiere una licencia municipal previa y, cuando digo licencia municipal, hablo de que también las entidades que tienen jurisdicción sobre la zona, como Costas o la Agencia Vasca del Agua, tendrán que pronunciarse. Esta franja del litoral está sometida a limitaciones muy importantes.

-¿Cuánto valen esas cinco hectáreas y qué precio está dispuesto a pagar el Ayuntamiento?

-Hay que atender a la situación real de la parcela, que es suelo no urbanizable y es un sistema general. No tiene más utilidad que la que tiene.

-La familia propietaria insiste en que posee un valor «evidente».

-Nos sentaremos a hablar, pero desde la premisa de que debemos satisfacer el interés general y, en este momento, el paseo queda absolutamente salvaguardado, al igual que las paellas. Además, el espacio está sometido a servidumbres y limitaciones muy importantes, pero lo discutiremos.

«Obligación moral»

-¿No cree que este asunto se hubiera solucionado de mejor manera mediante un acuerdo extrajudicial? Los propietarios aseguran que hicieron una propuesta «razonable», incluso se ofrecieron para ser expropiados.

-Desconozco cuáles eran los términos de aquel ofrecimiento, pero, si el acuerdo pasaba por reconocer derechos edificatorios, uno se pregunta qué ayuntamiento haría un reconocimiento de este tipo sobre una parcela sobre la que tiene la convicción de que es totalmente municipal.

-El PP sostiene que el empecinamiento le ha salido caro a las arcas municipales.

-Esta Corporación, independientemente del partido que gobierne, tiene la obligación de preservar el patrimonio municipal. Y, repito, teníamos la convicción de que ese solar nos pertenecía. Pero es que, además, se añadía un plus. Y es que éste es un pueblo con memoria histórica y los vecinos tienen conciencia de que esos terrenos han sido siempre municipales. Así lo dijeron varios testigos en el juicio. Por ello, el Consistorio no sólo tiene el mandato legal de defenderse, sino también la obligación moral para con los residentes.

-En la sentencia, el Supremo les reprocha haber recurrido y haber convertido este órgano en «una tercera instancia».

-No planteamos una defensa gratuita o temeraria desde la convicción histórica, sino que presentamos una defensa fundamentada y argumentada y con sólidas bases jurídicas. De hecho, ganamos en primera instancia.

-¿Por qué perdieron entonces el litigio?

-Porque, evidentemente, las lecturas que los diferentes tribunales hacen de la prueba practicada pueden diverger. Pero yo quiero dejar muy claro que, en primera instancia, se practica una prueba por un tercero, un perito imparcial, cuyo dictamen meridianamente claro inclinó al juez a resolver a nuestro favor. Ante la segunda instancia y ante el Supremo no se practican más pruebas periciales, sólo se repasan planos y documentación. En procesos judiciales, no es extraño que las mismas pruebas y los mismos elementos de juicio puedan ser valorados de una manera u otra por distintos tribunales.

-¿Qué desembolso ha supuesto para los fondos locales un pleito que se ha prolongado casi diez años y en el que se ha recibido una condena en costas?

-¿Se puede hablar de dinero cuando actúas desde la convicción moral y jurídica de que esos terrenos son públicos? ¿Si la sentencia hubiera sido favorable, alguien habría preguntado por el coste? ¿Cuánto vale trabajar para que este espacio tan sensible y que, de alguna manera, los vecinos tienen interiorzado como propio se consolide jurídicamente?

-La oposición se queja de que no ha estado informada de todo el proceso.

-Algún grupo sabía muy bien de algunas cuestiones. En este Ayuntamiento no se ha ocultado absolutamente nada en cuanto a pleitos. Ha sido un litigio muy largo y estoy seguro de que tenían noticia de él.

-¿Cree que la imagen del equipo de gobierno se ha visto deteriorada por la gestión que se ha seguido en este asunto?

-Yo estoy seguro de que los vecinos saben perfectamente de qué estamos hablando y, es más, me atrevo a decir que respaldan la defensa a ultranza de este espacio, porque, con la excepción de los responsables franquistas de 1972, todas las corporaciones han defendido con uñas y dientes la titularidad pública de este terreno desde la convicción absoluta de que es público y municipal y desde el respaldo absoluto de los vecinos. josugarcia@diario-elcorreo.es

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