Maltratadores con pulsera se acercan a sus víctimas por falta de control

La Comunidad de Madrid rescindirá el contrato con la empresa privada que llevaba el control de las pulseras electrónicas para maltratadores, después de que la Fiscalía haya acusado a varios de sus empleados de haber permitido a cuatro agresores quebrantar las órdenes de alejamiento de sus ex parejas. El consejero autonómico de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, aseguró ayer que la relación con la firma Ero&Staff será resuelta de inmediato y que en adelante el Gobierno central se encargará del servicio, pues «es el que debe prestarlo».

La irregularidades en el control de las pulseras -conectadas por GPS a un sistema que da la alarma cuando el agresor se acerca a la víctima- fueron detectadas el mes pasado, a raíz de la denuncia presentada por una trabajadora de Ero&Staff. La empleada aseguró que varios compañeros estaban haciendo la vista gorda cuando algunos maltratadores vulneraban el radio de protección de las víctimas.

La Fiscalía madrileña intervino las comunicaciones entre los trabajadores sospechosos y comprobó que éstos daban permiso a los agresores para acercarse a sus ex parejas más de lo permitido y, además, no avisaban de ello ni a la Policía ni al juez.

La Fiscalía presentó una denuncia el 17 de septiembre e informó al Gobierno regional, que tras pedir explicaciones a la firma y entrevistar a los trabajadores ha decidido poner fin al contrato. La Comunidad de Madrid fue la primera que implantó las pulseras electrónicas en 2006 y la fórmula se generalizó en otras autonomías desde julio.