Los afectados por el conflicto de Lantzarte piden de nuevo al Ararteko que medie

EVA MOLANO| BERANGO

Los vecinos de Lantzarte que se oponen a la construcción de pisos tasados en una parte de la campa del barrio han afirmado que volverán a solicitar la mediación del Ararteko. En esta ocasión, quieren que el Defensor del Pueblo vasco inste al Consistorio a que debata en el pleno el plan previsto en el nuevo PGOU en tramitación. La agrupación vecinal, que defiende mantener un uso libre o deportivo en la campa, presentó hace más de 3 meses una propuesta de iniciativa popular para que se tratase el asunto en el salón de plenos municipal.

«Aunque la propuesta de dejar libre la campa saliese rechazada, con la cantidad de firmas recogidas, los partidos verán que tienen a gran parte de sus votantes en contra», explicaron sus miembros.

La asociación presentó el pasado mes de marzo cerca de un millar de firmas en contra del proyecto, pero el Ayuntamiento desestimó la propuesta porque «no reunió el número de rúbricas necesarias, ya que algunas se correspondían con menores de edad o personas no empadronadas en Berango, y habían sido recogidas sin especificar que se recogían con el ánimo de ejercer la iniciativa popular», según el equipo de gobierno.

El pasado 12 de junio, los vecinos depositaron en el Ayuntamiento 350 nuevas firmas «con las que se supera el 20% del censo electoral del municipio, aunque la Ley 7/1985 LBRL sólo exige el 15% para ejercer la iniciativa popular. Son más de 1.200 vecinos los que han firmado en contra de este proyecto y el Ayuntamiento prefiere hacer oídos sordos. Es una operación económicamente muy rentable, pero la Alcaldesa había prometido un polideportivo en Lantzarte en campaña electoral», se quejan. Los jeltzales decidieron después desplazar el futuro equipamiento deportivo a la zona de Sabino Arana, alegando razones de espacio y funcionalidad, ya que el edificio solucionará también el acceso al barrio de Kurtze. Mientras, se decidió vender el terreno a Bizkailur -sociedad foral de construcción de vivienda tasada- por un millón de euros, cantidad que quedó reflejada en los presupuestos de 2009. La Diputación sacó a concurso público la dirección de las obras de construcción de los pisos incluso antes de que se aprobase el cambio de uso del suelo. Por ello, los vecinos también han solicitado al Ararteko que medie en el recurso presentado ante el ente foral, de quien «tampoco hemos recibido respuesta». El plazo de alegaciones del nuevo PGOU finalizó el 20 de julio.

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