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ADOLFO LORENTE
Martes, 6 de octubre 2009, 10:53
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La Diputación de Álava está dispuesta a enterrar el pasado y mirar al futuro en lo que al yacimiento romano de Iruña Veleia se refiere. «Después de todo lo ocurrido -fraude y manipulación de piezas con presuntas inscripciones en euskera-, este yacimiento romano, el más importante de Euskadi, alumbra ya una nueva etapa», recalcó ayer en las Juntas Generales, la diputada de Cultura, Lorena López de Lacalle.
Para ello, están ultimando la firma de un convenio del que emanará un plan director liderado por la UPV y en el que participarán una quincena de expertos nacionales e internacionales». Todo ello, recalcó, para que se sepa de una manera clara «cuándo, cómo y dónde excavar. Ya no se realizarán más sondeos ni catas», insistió la política nacionalista.
Ahora, el objetivo de la Diputación alavesa es trabajar con independencia del proceso judicial abierto contra los que fueron máximos responsables de las excavaciones próximas a la capital alavesa, Eliseo Gil e Idoia Filloy. A este respecto, se acaba de conocer que el juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria ha admitido a trámite el recurso de reforma que fue interpuesto por Euskal Trenbide Sarea (ETS) contra el archivo de su querella por presunta estafa.
ETS subvencionó las excavaciones de Iruña Veleia donde aparecieron los históricos hallazgos que luego una comisión foral de investigación llegó a tachar de «falsos». Por eso, la empresa pública se querelló contra Gil y Filloy. Sin embargo, la jueza, sin entrar a valorar los descubrimiento, estimó que la subvención era anterior a los hallazgos 'extraordinarios' y no estaba vinculada a su consecución, por lo que no hay estafa.
Procesos judiciales
En cualquier caso, éste es tan sólo uno de los tres frentes que tienen abiertos los ex responsables del yacimiento de Iruña Veleia. De un lado, EuskoTren presentó otra querella por estafa por el mismo motivo que ETS, ya que la gestora de servicios ferroviarios también subvencionó las excavaciones.
De otro lado, la Diputación también está inmersa en sendos procesos judiciales contra los que fueran responsables del yacimiento romano por la comisión de un presunto delito de atentado contra el patrimonio y por estafa.
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